La Junta de Andalucía cifró ayer en mil millones anuales el ahorro que podría conseguir el sistema nacional de salud si se aplicara la subasta de medicamentos por parte del Gobierno, al que ha acusado de actuar «contra» el interés de los ciudadanos y «en favor» de la industria farmacéutica. Estos datos han sido aportados en una comparecencia parlamentaria por el consejero de Salud, Aquilino Alonso, que ha valorado la última y tercera decisión sobre la subasta de medicamentos del Tribunal Constitucional (TC). La sentencia ha vuelto a dar la razón a la Junta y desestima otro de los sucesivos recursos que interpuso el Gobierno por conflicto de competencias.

Alonso, que ha defendido la subasta de medicamentos, apuntó que este sistema ha supuesto un ahorro acumulado de 413 millones desde el 2011 hasta el año 2016, una medida -dijo- a la que el Gobierno se ha opuesto «sistemáticamente» con distintos recursos al TC, que «ha desmontado uno a uno» sus argumentos. «El posicionamiento del Gobierno, contra los intereses públicos y a favor de los interesas económicos de la industria farmacéutica, está impidiendo que el sistema nacional de salud logre unos beneficios económicos que podrían representar una disminución del gasto farmacéutico en más de 1.000 millones anuales», aseguró Alonso.

Según el consejero, en 2016 se expidieron 67 millones de recetas a los andaluces que han supuesto un gasto para el SAS de 1.789 millones, mientras en el consumo hospitalario se dispensaron 16,9 millones de dosis unitarias de medicamentos que han alcanzado 841 millones. En total el gasto farmacéutico durante el pasado año ascendió a 2.630 millones, de los que el 68% corresponde a las prescripciones a través de recetas y el 32% al consumo de adquisición hospitalaria, cifra que supuso el 31,4% del presupuesto del SAS en 2016.

Juan Antonio Gil (Podemos), que recordó que la subasta nació con la idea de disminuir el gasto farmacéutico, saludó la sentencia del TC y criticó la actitud del Gobierno, pero se ha planteado si está cumpliendo sus objetivos y opinó que el gasto se ha reducido aunque en «menor medida» de la prevista. «No hay garantía de que el ahorro de 413 millones repercuta en la sanidad, debido a la poca transparencia y falta de accesibilidad a los datos de la gestión», indicó.

El diputado popular Rafael Valero manifestó que, pese a la sentencia del TC, la subasta de medicamentos «no es buena» para los andaluces al provocar «inequidad», lo que explicó en el hecho de que en el resto del país los ciudadanos disponen de 400 fármacos y en Andalucía unos 100, esgrimió. «Se limita la prescripción a un medicamento por principio activo, con lo que el sistema es poco idóneo, no da resultados efectivos ni en el gasto ni en el ahorro, que es inferior a lo que dice la Junta, y se utiliza a los andaluces como ciudadanos de segunda», indicó.

Isabel Albás (Ciudadanos) cuestionó la eficacia de la subasta a la hora de ahorrar costes, se preguntó dónde está el dinero ahorrado y opinó que «fragmenta» la unidad de mercado. Para Albás, las asociaciones de pacientes no están a favor del sistema y pidió diálogo y otra forma de compra de medicamentos.