La comisión que investiga en el Parlamento el presunto fraude de la formación en la Junta tiene los días contados y no será ampliada, como pedían PP y Podemos, ya que el PSOE, Ciudadanos e IU ha acordado cerrarla el próximo otoño con la presentación y aprobación de las conclusiones finales. Según el acuerdo alcanzado ayer por la comisión de investigación, las propuestas de las conclusiones finales de los grupos, que fijarán las responsabilidades políticas, serán presentadas el 19 de septiembre con el objetivo de aprobarlas en el pleno del Parlamento andaluz, previsiblemente a finales de octubre.
El acuerdo de los tres grupos descarta una segunda ronda de citaciones de nuevos comparecientes tras los 66 que ya han pasado por el Parlamento --de los 69 acordados por los grupos--, una decisión que ha contado con el rechazo del PP y Podemos, que pretendían ampliar las comparecencias con una segunda ronda de declaraciones.
RESPONSABILIDADES / El presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos) confirmó estos acuerdos, así como la petición de más documentación sobre la formación a la Junta de Andalucía, documentación que considera «imprescindible» para que los grupos elaboren sus conclusiones finales sobre las responsabilidades políticas. Además, se ha comprometido hacer todo lo posible para que de la comisión salga un dictamen con conclusiones y exigencias de responsabilidades acordadas, cosa que no ocurrió con la comisión de investigación de los ERE.
El cierre de la comisión de investigación ha causado especial malestar en el PP-A, cuya portavoz Teresa Ruiz Sillero lo ha calificado de «falso y precipitado».
«El PSOE y su socio Ciudadanos han decidido cerrar la comisión en el peor momento político de Susana Díaz y de su entramado familiar. Mientras más documentación ha enviado la Junta, más aumentado la red clientelar del PSOE y el clan de los tiesos», sostiene la diputada, que acusa a estos dos partidos de «poner cortapisas» para que vuelva a declarar la presidenta.
De «alucinante» ha tildado el comisionado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe que no se haya aceptado una ampliación de las comparecencias, en concreto de alumnos, profesores y formadores, de los que dijo que son «afectados» del objeto de la investigación. El diputado ha vuelto a denunciar que alrededor del 70% de la información solicitada por su grupo a la Junta aún no ha llegado y avanzó la intención de convocar a los afectados para que declaren voluntariamente al margen de la comisión y los medios de comunicación.
Rodrigo Sánchez, diputado del PSOE, se mostró satisfecho con la decisión de que la comisión de investigación concluya en este periodo de sesiones y sostuvo que «hay material suficiente» con las comparecencias y la documentación para elaborar las conclusiones. Sobre si habrá dictamen final, opinó que hay conclusiones «muy evidentes como que no hay ninguna trama, que hay un procedimiento supervisado por la Intervención y que el sistema ha funcionado».
Ni los representantes de Ciudadanos ni los de IU comparecieron ante los periodistas, si bien por la mañana el portavoz parlamentario de IU Andalucía, Antonio Maíllo, situó al Consejo de Gobierno como responsable político del «descontrol» que se produjo en las ayudas para formación concedidas por la Junta, de ahí que no vea necesarias más comparecencias. H
