La Junta de Andalucía entregó 21,6 millones de euros a la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) para su ERE "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal", sin publicidad ni concurrencia y con una sobrecomisión de 1,2 millones, según un informe de la Intervención General del Estado.

Dicho informe, al que ha tenido acceso la agencia Efe , ha sido entregado a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, y mantiene que la Junta no hizo ningún análisis económico sobre la necesidad de las ayudas y "especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad econó- mica para hacer frente, en todo o en parte, a las obligaciones asumidas".

Al prescindir "total y absolutamente del procedimiento legal establecido", las ayudas para el ERE de 2003 en Egmasa, que supusieron 348 prejubilaciones, pudieran ser "nulas de pleno derecho", dicen los interventores del Estado, que ya han elaborado varios informes sobre las ayudas que investiga la juez Alaya.

Según el nuevo documento, en Egmasa no se publicaron ni existieron bases reguladoras de la concesión de las ayudas, no se aplicaron criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, no se acreditó el carácter excepcional de las ayudas ni la finalidad pública o interés social, no hubo solicitud formal ni resolución motivada de la Consejería de Empleo, el director general de Trabajo carecía de competencia delegada y el crédito presupuestario utilizado para su otorgamiento no fue el adecuado.

A ello añaden que en estas ayudas se utilizó el sistema de "pagos cruzados" para "desviar los fondos desde su destino inicial (el pago de determinadas pólizas) a otro distinto (el pago de pólizas diferentes)".

Por otro lado, Manos Limpias ha presentado un escrito en el que pide a la juez Alaya que cite como testigo al exconsejero Gaspar Zarrías por sus "intensas" relaciones con el conseguidor Juan Lanzas y Ruiz-Mateos.