El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo ayer al exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández y a la exdirectora general de Formación de la Junta María José Lara, además de otras 14 personas, en la operación Barrado , puesta en marcha en el marco de las diligencias que lleva a cabo la jueza Mercedes Alaya por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta. Según fuentes cercanas a la investigación, las detenciones de Fernández y Lara se efectuaron a primeras horas de la mañana en Pozoblanco y Lucena, localidades en las que residen, respectivamente, y ambos fueron trasladados a Sevilla en espera de pasar a disposición judicial. Lara, tras comparecer ante los agentes de la UCO, fue conducida a las 21.20 horas al juzgado de la magistrada Alaya, ante quien se acogió a su derecho a no declarar. La Fiscalía Anticorrupción deberá pronunciarse sobre su puesta el libertad o no, y en función de ello la juez tomará una decisión.
Según la Guardia Civil, las investigaciones están relacionadas con posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Además de las dos detenciones en Córdoba, se efectuaron tres en Sevilla y Málaga; dos en Cádiz, Huelva y Almería, y una en Jaén y Granada.
Entre los detenidos figuran una decena de altos cargos o exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los actuales delegados provinciales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente. Los agentes de la Guardia Civil han detenido también a la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Angel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
EXCARGOS DE EMPLEO Según informó la Guardia Civil, hasta cuatro de las personas detenidas han estado al frente de direcciones generales dentro del mismo Servicio Andaluz de Empleo y siete son exdelegados provinciales de Empleo, como el de Sevilla Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el de Cádiz, Juan Bouza; el de Málaga, Juan Carlos Lomeña; la de Almería, Francisca Pérez Laborda; Jaén, Irene Sabalete, y Granada, Marina Martín, que actualmente es directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí. En Málaga también han detenido al exdirector gerente y a la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas, en Málaga, donde se han realizado dos registros, mientras que en la provincia de Huelva ha sido detenido también el exdirector gerente del consorcio Formades.
