María José Rofa, la ex asesora técnica de la Dirección General de Trabajo entre julio de 2008 y marzo de 2011, aseguró ayer que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán tenían conocimiento de la gestión de la Dirección General de Trabajo del programa presupuestario 31L por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, informa Europa Press.

Rofa ha seguido declarando este martes como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta en el conocido ‘caso de los ERE’. Rofa, ha insistido que Chaves y Griñán tenían conocimiento porque el gabinete de Presidencia pedía «suficiente información» de pagos, protestas y conflictos «cada vez que surgía un conflicto o una queja». En este sentido, la testigo añadió que «antes de visitar territorios era normal que el gabinete de Presidencia preguntara si había alguna conflictividad en ese lugar».

Rofa, quien «contribuyó» en la investigación, según la juez instructora Mercedes Alaya, y que hizo entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de hasta 1.627 archivos electrónicos que ella guardaba de su labor en la Dirección General de Trabajo, ha manifestado que cuando este lunes hacía referencia a que el pago de algunas ayudas venían ordenadas «desde arriba» y que el último que se enteraba era el director general de Trabajo --ella coincidió con Juan Márquez y Daniel Rivera--, se refería a alguien «superior» al director general, ya sea viceconsejero o consejero, quien «tuviera interés».

Así, ha precisado que en el Consejo de Gobierno cada consejero «representa a un territorio» y ha apuntado que el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, procesado en esta causa, «impulsó» las ayudas a Primayor y las de Delphi «venían de Presidencia». «De hecho el único que no salió en la foto fue el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y sí el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Zarrías y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo», otro de los ex altos cargos procesado en este juicio. «El 31L lo conocía todo el mundo, incluso el Parlamento», ha afirmado. Y «el impulso» del programa «no viene de la Dirección General, sino de miembros del Gobierno, según el territorio», zanjó Rofa.