"Lo primero que he hecho es llamar a mi familia para contárselo y decirles que me podía quedar tres años más", explicó ayer María del Carmen Andújar, dentro de su piso. La inquilina, casada y madre de cuatros hijos, espera que éste sea un tiempo "suficiente para que las cosas vayan mejor y poder renegociar con el banco una nueva hipoteca para su casa". Dos de los cuatro hijos de María, de 15 y 17 años, se encuentran a su cargo. La mujer es la única unidad familiar que tiene trabajo, dos horas al día limpiando portales por el que percibe unos 350 euros mensuales. Además de este dinero, la familia sólo cuenta con la ayuda de 420 euros que percibe el marido por ser desempleado de larga duración, y otra complementaria de 80 euros que tiene concedida ella (800 euros al mes en total). "Estoy aliviada", admitió.
El piso de María era uno de los 18 que la Junta impidió su expropiación, al aplicar el decreto antidesahucios. Pero cuando el Gobierno recurrió esta norma y el Tribunal Constitucional paralizó su efecto, "tenía cinco meses, hasta diciembre, para irme", explica. Pese a la incertidumbre, Andújar no perdió el tiempo, y desde que en mayo se iniciara el expediente que ayer le permitió quedarse en su casa, comenzó a pintar y a desembalar las cajas que se apilaban en las habitaciones a la espera de la ejecución de la orden de desahucio. Carmen perdió su vivienda en octubre del 2011, tras salir a subasta después de más de 15 meses sin pagar la hipoteca y tenía fecha de desahucio para el 14 de mayo, que no se ejecutó a raíz del inicio del procedimiento para acogerse a las medidas del nuevo decreto. Aparte del caso de María y su marido, hay 130 expropiaciones listas en fase avanzada. Se iniciaron durante los tres meses en que el decreto estuvo vigente, antes de ser recurrido ante el Constitucional. De estos expedientes, 17 sólo dependen de la aprobación del Consejo de Gobierno. Son 6 en Málaga, 4 en Sevilla, 3 en Almería, 2 en Granada, una en Huelva y una en Cádiz.
