La vicesecretaria de organización y portavoz de sanidad del PP-A, Ana María Corredera, denunció ayer que la Junta está realizando "contratos más precarios" en los dispositivos de apoyo de la atención primaria sanitaria en los centros de salud, lo que, en su opinión, supone una forma de "enmascarar los despidos con reducción de jornadas laborales". Corredera explicó que los contratos que se están haciendo de personal para cubrir las bajas de los médicos o a los salientes de guardia "ya no se hacen al cien por cien, sino al 50, 60 o 75%" de manera "generalizada" en toda Andalucía.
"Las plantillas están al límite y se las está exprimiendo al máximo", afirmó la dirigente popular. Denunció que los médicos MIR de familia se están utilizando para sustituir a los médicos ausentes, "algo que es ilegal si no están tutorizados". Y denunció recortes en las nóminas de los sanitarios durante sus vacaciones. Tras asegurar que la sanidad andaluza se encuentra en "momentos críticos", Corredera insistió en que se han recortado hasta 3.600 millones, por lo que se ha dejado de invertir, "bien por partidas no ejecutadas o retiradas". "Son muchas las infraestructuras que se han paralizado", aseguró. La diputada popular apuntó que los colegios provinciales de farmacéuticos, a excepción del de Málaga, han cerrado acuerdos con entidades bancarias por 165 millones para abordar la deuda que tiene el SAS con el sector en octubre.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, negó que exista cierre alguno de camas hospitalarias en la sanidad pública andaluza por la crisis y defendió que los cierres de algunas áreas hospitalarias "se deben a la necesidad de acometer obras de reforma". "No es cierto que se haya producido ningún cierre de habitaciones como sí ha ocurrido en otras comunidades gobernadas por el PP", dijo Montero, quien aludió al caso valenciano "donde se anunció un cierre de unas 250 camas". "Este discurso me parece bastante hipócrita", sostuvo.
