La batalla abierta por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la subasta de medicamentos de Andalucía va camino de convertirse en un conflicto sin fin. El Ejecutivo central volverá a recurrir --y ya son tres veces-- ante el Tribunal Constitucional el último concurso de fármacos que ha convocado el SAS. Esta nueva impugnación implica una suspensión cautelar de la polémica subasta durante un plazo máximo de cinco meses.
Hasta ahora, el Constitucional ha ido dando la razón a la Junta y le ha permitido que siga con esta medida, que pretende ahorrar 200 millones al año. La consejera de Salud, María Jesús Montero, denunció la "confabulación que hay entre el ministerio y la industria farmacéutica para proteger sus abultadas cuentas".
La Junta está convencida de que el Gobierno del PP busca blindar a las grandes empresas farmacéuticas de una medida que les recortará buena parte de sus pingües beneficios. Esta tesis no es nueva, pero ayer quedó al descubierto tras difundirse varios correos electrónicos en los que el presidente de la patronal de los laboratorios de genéricos informaba a sus asociados que el Ministerio de Sanidad ya le había confirmado que iba a recurrir por tercera vez el concurso de medicamentos.
NORMA SUSPENDIDA En estos correos --a los que tuvo acceso este periódico-- Angel Luis Rodríguez explica a los socios que el Gobierno ya había decidido interponer un nuevo recurso, una decisión que es "la mejor y más coherente". El presidente de la patronal de los laboratorios recomienda además a las firmas que no se presenten a la subasta hasta que el Constitucional no se pronuncie sobre el fondo del asunto. "Si alguna compañía decidiera finalmente hacerlo, estaría actuando frente a una norma suspendida", advirtió.
Los correos evidencian, según la consejera de Salud, que hay una "hoja de ruta" entre la industria y el ministerio para frenar el concurso de medicamentos. La patronal encargó un informe a una asesoría jurídica que determinó que "sería bueno" que el Gobierno central acuda también al contencioso-administrativo y que aprobase "algún tipo de modificación legal que zanjase el asunto y obligase a la Junta a impugnar la nueva norma ante el Constitucional". Fuentes del ministerio que dirige Ana Mato confirmaron a Europa Press que el Ejecutivo presentará en las próximas semanas un nuevo recurso y que aún tienen que decidir si irán al contencioso.
Montero prevé que el Gobierno dará luz verde al recurso en el Consejo de Ministros del viernes 18, una fecha que no consideró "casual" porque ese día cumple el periodo de presentación de los laboratorios a la subasta andaluza. "Pretenden ganar tiempo para que los laboratorios no se presenten", aseguró la consejera. "Los tiempos están medidos y hay un dictado del lobi farmacéutico al Gobierno", insistió.
La Junta ha denunciado desde un principio la "presión" del ministerio a las empresas para boicotear la subasta. A la primera convocatoria solo se presentaron cuatro compañías, a las que el Gobierno castigó imponiendo una bajada de precios de los mismos fármacos que se presentaban en la subasta. Pese a las trabas, la consejería activó en diciembre, nada más tener luz verde del TC, la segunda subasta para 372 principios activos, que prevé que esté resuelta en abril. Más de la mitad de las recetas expedidas en la comunidad están afectadas.
La subasta de medicamentos garantiza al laboratorio que haga la oferta más ventajosa y que gane el concurso que los genéricos que se dispensen en las farmacias con recetas del SAS serán de su marca. El farmacéutico ya no venderá el genérico que quiera, sino el que ordene la Junta. Desde junio el concurso funciona ya con algunos medicamentos muy comunes (protectores gástricos, contra el colesterol y para prevenir infartos). Oficialmente no se pueden tocar los precios (es una competencia estatal), pero la Junta busca ventajas económicas, como lograr tecnología para los hospitales.
