Más de seis años después de que el 25 de julio de 2005 la cooperativa de segundo grado Almazaras de Priego interpusiera una querella contra el que hasta mayo de ese año había sido su gerente, el proceso iniciado contra los presuntos culpables de esta estafa millonaria sigue su lento discurrir.

Aquella querella sirvió para sacar a la luz pública la "descontrolada" y hasta cierto punto "caótica" gestión contable de Almazaras de Priego, que afectó a unas 2.000 familias de la comarca, agrupadas poco tiempo después en la asociación Almazeite, colectivo que a día de hoy sigue luchando para que se haga justicia y el tristemente conocido como Caso Almazaras no caiga en el olvido.

Dentro de ese espíritu reivindicativo que ha caracteriza a la asociación desde su creación, recientemente se ha celebradouna asamblea general de sus integrantes, en la que se plantearon las líneas a seguir en los próximos meses y cuyo objetivo no es otro que continuar con esta reivindicación.

Así, entre los asuntos aprobados se acordó solicitar una entrevista con la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, con la intención de hacerle llegar que Almazeite continúa luchando para que se aclare esta presunta estafa, aprovechando la ocasión para trasladar el malestar de la asociación por la lentitud que el caso sigue teniendo en los tribunales, y solicitando de nuevo la colaboración de toda la Corporación prieguense, así como el permiso necesario para colocar en el balcón del Palacio Consistorial y en varias calles de la localidad pancartas alusivas a la situación actual del caso. En este sentido, cabe apuntar que en una próxima asamblea, cuya celebración está prevista en breve, se acordará llevar a cabo un nuevo acto reivindicativo por parte de Almazeite, con la intención de que la demanda de los afectados no caiga en saco roto.

En lo que respecta al proceso judicial, en estos momentos, para asegurar posibles responsabilidades civiles que pudieran imponerse a los imputados en la querella contra la empresa granadina Oligra, se han decretado una serie de embargos al no presentar los imputados la fianza de un millón de euros en el plazo requerido, recurriendo a los mismos dos de ellos.

Igualmente, se está estudiando el delito y la pena que se le imputa al exdirector de la Caja Rural de Fuente Tójar, sobre el que existe una serie de pruebas que lo harían responsable de la presunta falsificación de la firma del tesorero de Almazaras de Priego, con la que se abrió en enero del 2005 una cuenta en la que se realizaron operaciones de "dudosa legalidad" por valor de 23 millones de euros.

Aun así, desde Almazeite se incide en la "paralización" que sufre el caso, demandando una mayor celeridad en los procesos judiciales iniciados para que se haga justicia con los afectados, que, más de seis años después, albergan esperanzas de recuperar su dinero y de que los culpables cumplan su pena.