El vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, anunció ayer que la institución provincial llevará a la Fiscalía el resultado de la auditoría forense que se ha llevado a cabo en el Grupo Cinco, en el que la institución provincial tiene una participación que oscila entre el 23% y el 37% y del que también forman parte 41 ayuntamientos, además de Cajasur.
Las anomalías reseñadas se refieren sobre todo a la gestión llevada a cabo entre los años 1996 y 2008 y en ellas se ven relacionados varios alcaldes de municipios en los que el grupo ha acometido alguna de sus acciones o promociones, por medio de alguna de sus empresas (Cinconor, Cincoroc, Cincores, Cincosur y Cincosurest). Entre ellos destacan los regidores socialistas de Villafranca, Francisco Javier López, y Adamuz, Manuel Leyva.
Según ha informado la Diputación, el informe de la auditoría se remite a la Fiscalía "de forma literal" y en él se ponen de manifiesto "una serie de hechos y circunstancias que pudieran constituir irregularidades, y en algunos casos, infracciones punibles". Entrando en casos concretos, se cita la contratación por parte del alcalde de Villafranca de la elaboración de documentos técnicos a personas vinculadas familiarmente. También en Villafranca de detecta la "adjudicación a empresa de obras de urbanización en las que se adjudica por la Junta de Compensación con la circunstancia de que el administrador puede formar parte de la propia junta". Similar circunstancia se da en la adjudicación a otra empresa de obras en suelo residencial en la Vega de San Antonio en El Carpio. Otro de los hechos denunciados es la permuta en Adamuz, con relación de parentesco con el alcalde y la aprobación de posicionamiento de proyectos por parte de Cincosur en Benamejí, Hornachuelos, Adamuz, Bujalance e Iznájar sin aprobación de ningun órgano de la administración. Señala también el informe la "ausencia de oferta o constancia documental de la misma en la construcción de naves en el polígono industrial de Pozoblanco" y la "aprobación de gastos y facturación en concepto de honorarios a profesionales sin constancia de tramitación procedimental alguna", así como la contratación y elaboración de un plan parcial en Montalbán, durante el mandato del anterior alcalde, concurriendo una posible relación familiar con el citado primer edil y que tiene aparajado la falta de estudio de mercado de la ubicación del mismo. También se cita la celebración de contratos de permutas entre propietarios y Cincosur en La Rambla sin aprobación por los órganos de administración de la empresa y, por último, la facturación a un despacho de ingeniería sin contrato alguno. A juicio de Fuentes, estas conclusiones demuestran "que se pueden gestionar mejor los recursos públicos". Además, dijo que el equipo de gobierno no se siente "cómodo" con el reparto accionarial, que no permite ejercer los mecanimos de control que serían deseables.
