Ayuntamiento de Córdoba
Hurtado quiere llevar el contrato de los test de Sadeco a la comisión de investigación del Congreso
El portavoz municipal del PSOE entiende que la licitación para la adquisición de 8.000 pruebas médicas pudo entrañar un delito de prevaricación por lo que también la ha llevado a la Fiscalía
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, quiere llevar a la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados para estudiar los contratos de la pandemia que firmaron las administraciones públicas el contrato para la compra de 8.000 test de detección del covid por parte de Sadeco. El edil socialista, que lleva varias semanas fiscalizando y denunciando presuntas irregularidades en la licitación de varios contratos municipales cerrados durante la etapa del coronavirus por el equipo de gobierno liderado por José María Bellido, ha hecho llegar el contrato de las pruebas médicas de Sadeco al grupo parlamentario del PSOE para que lo incluyan entre los investigados en la comisión.
Se espera que precisamente esta tarde quede constituida la comisión de investigación de los contratos públicos realizados durante la pandemia, que pidieron los socialistas tras las consecuencias políticas desatadas con el caso Koldo. El objeto de esta comisión, que ha contado con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, es recoger “enseñanzas” de los fallos que pudieran haberse cometido en esa situación excepcional que fue el covid, según indicó en su momento el portavoz socialista Patxi López. Ahora, socialistas y populares tienen objetivos enfrentados en esta comisión: el PSOE quiere poner la lupa en las comunidades que estaban gobernadas por el PP, y el PP, apuntar a los altos cargos del PSOE sin descartar, incluso, que se llame a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Test de Sadeco
Es ahí, en el seno de esa investigación política donde Antonio Hurtado quiere que se estudie el contrato de Sadeco que de forma paralela también ha llevado a la Fiscalía de Córdoba para que determinen, llegado el caso, si se cometió un supuesto delito de prevaricación. Este expediente de contratación, que se hizo por la vía de urgencia, se adjudicó a la empresa Beiman, una clínica especializada en medicina deportiva, por un importe de 316.000 euros.
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