investigación
Una macroplantación de marihuana en Villaviciosa queda impune al no poder demostrarse quién está detrás
Los agentes de la UDYCO decomisaron 240 plantones de marihuana y cantidades por encima de los 100 kilos de “cogollos” dispuestos para su distribución
La Guardia Civil, durante una operación donde desmanteló un grupo criminal dedicado a la plantación de marihuana tipo indoor / CÓRDOBA
Roberto Bécares
El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba ha archivado la causa contra el principal presunto responsable de una macroplantación indoor de marihuana en Villaviciosa de Córdoba al no poder demostrarse quién se encontraba detrás del cultivo.
Los hechos se remontan al 25 de agosto el 2021, cuando el Grupo de Crimen Organizado de Fuengirola (UDYCO), en el marco de una operación contra el tráfico de drogas, accedió a una parcela en el citado municipio, encontrando a varias personas trabajando en una nave en suelo no urbanizable especialmente protegido.
La edificabilidad, claramente ilegal, de acuerdo al atestado policial, estaba diseñada para albergar plantaciones de marihuana y fabricación de estupefacientes a gran nivel, por lo que se procedió a abrir investigación al principal sospechoso, al que no localizaron en la parcela, y a sus supuestos cooperadores, un ciudadano de origen rumano y dos serbios.
Los agentes procedieron también al decomiso de más de 240 plantones de marihuana y cantidades por encima de los 100 kilos de 'cogollos' dispuestos para su distribución.
Propiedad
La intervención de la UDYCO constató que las edificaciones superaban las expectativas de las inspecciones oculares previas, ya que se trataba de un complejo con varios edificios de base hormigonada y estructuras fijas distribuidos en varias naves.
Al requerir al propietario de la parcela su comparecencia, este aseguró desconocer las obras que se realizaban en su propiedad aportando un contrato de compraventa con precio aplazado hacia el principal sospechoso de la investigación, un constructor de nacionalidad extranjera.
La causa llegó entonces al Juzgado de Instrucción Número 1 de Córdoba en marzo de 2022, donde el Ministerio Fiscal señaló de un delito contra la ordenación del territorio y delito contra la salud pública al comprador de la finca y principal investigado vinculado a una organización criminal con fuerte estructura en las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba dedicada a los cultivos 'indoor' de marihuana con la operativa de envío a terceros países de la comunidad europea.
La defensa del acusado, a cargo del abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, de Ospina Abogados, reconoció que su cliente, empresario de la construcción, inició las obras señaladas por la investigación, pero aportó un segundo contrato de subarrendamiento entre su cliente y un tercero sobre quién se planteó la sospecha de que pudo ser quien introdujera las plantas en la propiedad.
La defensa demostró ante el Juez que la propiedad estaba por tanto subarrendada en el momento de la intervención policial. Además su cliente no se encontraba en la misma, ni siquiera en el país, estando desvinculado de toda actividad ilícita en la propiedad en el momento de la actuación.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, al no poder determinar la responsabilidad sobre el acusado, archivó la causa atendiendo la petición de la defensa del acusado.
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