La violencia de género y sexual cuesta 5.000 millones de euros al año en España, unos 104 per cápita: "El dolor tiene un precio"

La violencia de género y la violencia sexual fuera de la pareja cuesta cerca de 5.000 millones de euros al año, lo que equivale a 104 euros per cápita. Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, reconoce que por mucho que cueste poner precio al dolor, hay que hacerlo, porque lo tiene. Hay un costo en la atención psicológica de aquella mujer que ha sido violada. También, en las curas de la que le atienden en urgencias después de una paliza; de la abogada de oficio y del proceso judicial cuando se interpone una denuncia; de las bajas laborales por lesiones y por salud mental; y por la disminución de la productividad.

Y así lo han hecho con el estudio 'Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022', que se ha presentado la mañana de este jueves en el Ministerio de Igualdad. Este trabajo ha permitido cuantificar no solo los costes directos, sino también los recursos económicos que se pierden como consecuencia de la violencia de género -aquella ejercida en el ámbito de la pareja o expareja- y en la violencia sexual fuera de la pareja.

Son "pérdidas que afectan tanto a las víctimas y a sus entornos familiares, como también a las empresas en el sector privado, a los diferentes niveles de la administración pública, a la sociedad civil, y a la sociedad y economía en su conjunto", ha señalado la delegada del Gobierno. Todos ellos suman en total 4.933 millones de euros en 2022, lo que supone un 0,37% del PIB y 104 euros por persona. En el caso de la violencia de género, el coste sería de 4.085 euros, mientras que los 848 restantes corrrespondería a la violencia sexual fuera de la pareja.

Metodología

En concreto, este informe, realizado por un equipo multidisciplinar del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá, establece dos enfoques: el macroeconómico y el microeconómico. El segundo, a su vez, aborda tanto los gastos tangibles e intangibles. Estos últimos "son costes emocionales" que se han tratado de monetizar de algún modo para no invisibilizarlos de forma aproximada, como ha explicado Elena Maños Alcón, doctora en Economía por la Universidad de Alcalá y una de las investigadoras principales del trabajo. Entre ellos están las indemnizaciones que se conceden a las víctimas o los costes de las pérdidas por lo que dejan de ingresar a lo largo de toda su vida laboral.

Sobre los gastos tangibles, su compañera e investigadora María Teresa Gallo Rivera, subidrectora del Instituto Universitario de Investigación de Análisis Económico y Social, ha explicado la desgregación de las estimaciones. Así, han visto que, por itinerarios, los costes legales (37,2%), los sanitarios (32,2%) y los laborales (19,2%) son los que mayores desembolsos tienen por este "problema de salud pública".

El gasto del sector público

Por tipos de agentes, el que "soporta la mayor carga económica de los costes de la violencia de género es, sin duda, el sector público", con más de 2.500 millones de euros (un 85% del total). "Dichos costes derivan tanto de desembolsos directos como de los pagos realizados por distintas administraciones públicas a causa de la violencia de género ―por ejemplo, las prestaciones por desempleo o las compensaciones por las bajas laborales, el gasto de asistencia sanitaria o de atención jurídica y de procesos judiciales―, y los costes de oportunidad o de renunciar debido a la pérdida de ingresos por la menor actividad laboral femenina", ha apuntado Gallo. Les siguen los costes que tienen las propias mujeres víctimas (8,2%), los empleadores (5%) o los familiares y amigos (1,6%).

Carmen Martínez Perza ha indicado que analizar el problema de la violencia de las mujeres desde el ángulo de los costes que implica para el conjunto de la sociedad contribuye a concienciar sobre su enorme alcance. Conocer las elevadas pérdidas que supone, en términos económicos, hace que se entienda las significativas ganancias de bienestar general que supondría acabar con la violencia machista.