El Consejo Fiscal ha dado su visto bueno a la reforma de la ley del aborto, si bien en el informe preceptivo se recomienda incluir el término de violencia obstétrica y ginecológica, así como que las menores de 16 y 17 años que vayan a interrumpir su embarazo tengan que ser obligadas a recibir el sobre de información y a pasar los tres días de reflexión.

La violencia obstétrica -referida a las malas praxis médicas contra las mujeres en el embarazo y el parto- quedó fuera del proyecto de ley del Gobierno, a pesar de que el Ministerio de Igualdad abogaba por recogerlo como una forma de violencia contra las mujeres. De hecho, fue una de las principales renuncias que tuvo que asumir el departamento dirigido por Irene Montero en la negociación con sus socios socialistas junto a la propuesta de bajada del IVA de los productos de higiene menstrual.

En su momento, desde Igualdad se precisó que ni Sanidad ni Justicia se sentían cómodos con el término de violencia obstétrica, que también rechazaba gran parte de la comunidad médica, y se optó por un planteamiento en positivo de buenas prácticas obstétricas.

Ahora, el Consejo Fiscal se ha mostrado partidario de incluir expresamente la violencia obstétrica, y también la ginecológica, como formas de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo.

No ve con buenos ojos este órgano consultivo que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin recibir el sobre de información y sin tener que pasar por los tres días de reflexión -medidas vigentes en la actualidad pero que desaparecerán con la reforma-. Los vocales de la Unión Progresista de Fiscales, que se oponen a este punto del informe, presentarán voto particular para oponerse a este extremo, según ha podido saber El Periódico de España.

Consideran los vocales progresistas que si se parte de la base de que una adolescente de 16 o 17 años tiene la madurez suficiente para interrumpir su embarazo, la tiene a todos los efectos y no tiene sentido que a ellas se las obligue a retrasar el procedimiento ni a recibir el sobre informativo.

Refuerzo de derechos

En su informe preceptivo, emitido cuando el proyecto de ley ya está en el Congreso para su debate parlamentario, el Consejo Fiscal "valora positivamente la iniciativa legislativa ya que supone un reforzamiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como de su efectividad y garantía".

Celebra el órgano consultivo que la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo incorpore al ordenamiento jurídico español las recomendaciones de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, así como obligaciones del Convenio de Estambul y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.