El enfrentamiento en torno a la ley trans entre el sector socialista del Gobierno y el ala podemista va a más, lo que hace prever que dicha norma, que permite el cambio de sexo en el DNI sin aval médico y dos años de hormonación quede en suspenso debido a las diferencias entre los dos socios; salvo que ambos consigan superar sus desavenencias.
El ministerio de Igualdad informó este lunes de que la ley trans está lista para ser aprobada en el Consejo de Ministros del día 23 de febrero, después de que se hayan incorporado las observaciones realizadas por la Vicepresidencia primera del Gobierno, en manos de Carmen Calvo, y al no haber recibido peticiones de otros ministerios.
EL PERIÓDICO ha podido comprobar que los cambios solicitados no afectan a la parte más importante de la ley, que consagra la llamada autodeterminación de género y que una persona pueda cambiarse de sexo en el Registro Civil sin más requisitos que la declaración expresa.
Las modificaciones son de menor entidad, según fuentes del Ministerio de Igualdad, porque el departamento dirigido por Carmen Calvo no les ha pasado ningún retoque o texto alternativo acerca de los artículos referidos a la autodeterminación de género o los menores trans. Por ejemplo, uno de los cambios introducidos implica que las cárceles puedan decidir que no se ingrese a un penado conforme a su sexo registral si esto puede suponer un riesgo para sí mismo o para el resto de los internos, y así se contabilizan otros tres retoques más.
Bloqueo en la reunión
Si bien, tras conocer que la ley se había bloqueado en la reunión preparatoria del Consejo de Ministros, el Ministerio de Igualdad ha acusado al PSOE de impedir que se produzca el debate de la ley trans, y la ley LGTBI, que también está en fase de borrador y busca evitar las discriminaciones del colectivo en su conjunto, en el Consejo de Ministros de la semana próxima.
La sorpresa es mayúscula sostienen fuentes del Ministerio de Montero- ya que son textos trabajados y que el propio inicio de los trámites ayuda al debate con las comunidades autónomas, ministerios y sociedad civil, como pasa con todas las leyes.
Ante ello, el ala socialista del Gobierno ha respondido que la "filtración de un borrador" de la ley trans, a los colectivos implicados y a la prensa, que solo responde a las aspiraciones de uno de los partidos que forman parte del Gobierno, es lo que impide su normal tramitación.
El rigor constitucional
Asimismo, fuentes socialistas señalan que el "establecimiento unilateral de unas fechas tope que no se corresponden con la marcha actual de los trabajos" impide seguir los "cauces habituales" del trabajo legislativo. En opinión de los socialistas, es necesario dotar al anteproyecto del rigor constitucional que requiere cualquier norma que regula derechos, por lo que la norma no está lista para ir al Consejo de Ministros del día 23 y hay que "seguir avanzando en su elaboración" con el compromiso de proteger los derechos y evitar las discriminaciones del colectivo LGTBI.
Tras conocer este posicionamiento, la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, ha señalado que su departamento siempre está dispuesto a mejorar sus propuestas pero dado que el borrador incorpora el consenso mayoritario que se alcanzó en 2019 y en el que participó el PSOE, la ley trans no tendría que suscitar ningún problema. Lo que no se va a negociar es el derecho de estas personas a ser tratadas iguales que los demás, ha avisado.
