El Ministerio de Sanidad impulsa una modificación legal para que la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana nueve de gestación sea haga con fármacos y no con un método quirúrgico de aspiración. Para ello, ha sacado a consulta pública la modificación del real decreto que desarrolló la ley del aborto del 2010, con el argumento de que la experiencia adquirida en estos años, así como los avances científicos en la materia, hacen que "ya no sean necesarias instalaciones quirúrgicas" para abortar, por lo que esta prestación se puede practicar, mediante la prescripción de dos fármacos, en los centros de Atención Primaria. Actualmente se practica mayoritariamente en clínicas privadas concertadas y pocas veces en centros públicos.
Aún así, el Ministerio argumenta en la consulta pública que varias Comunidades Autónomas ya han habilitado "centros extrahospitalarios" para la prescripción del método farmacológico, que también es preferido por países del entorno como Francia. De hecho, el Comité de Salud Pública del Ministerio con las autonomías aprobó impulsar el cambio en septiembre de 2020.
El ministerio reconoce además que el método farmacológico es más económico, "dado el bajo coste de los fármacos empleados, junto con la simplicidad de las instalaciones requeridas, reducen el coste total de los procedimientos a un tercio de los quirúrgicos". Por último, Sanidad argumenta que esta fórmula conlleva complicaciones inferiores al 5% y dado el "asesoramiento" que se prestará en los centros del servicio público existirá "gradualmente" una mayor concienciación y, por tanto, se disminuirá el número de abortos, que en los últimos tres años ha experimentado un repunte.
El repunte de abortos
Según el último balance, 99.149 mujeres interrumpieron su embarazo en 2019, un 3,4% más que en 2018. Si bien, desde que en el 2011 comenzaron a notarse los efectos de la aprobación de la ley de plazos, que permite el aborto libre hasta la 14 semana de gestación, los abortos han caído un 16%.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), donde se practican la mayoría de abortos desde los años 80 debido a que la objeción de conciencia ha impedido la prestación en la sanidad pública, se opone al cambio con el argumento de que se privará a las mujeres de su libertad de elección y de un método "eficaz y seguro", como es la técnica instrumental.
El 78% eligen la intervención quirúrgica
Según un estudio de ACAI, el 78% de las mujeres eligen la aspiración frente a los medicamentos porque es una técnica que se puede realizar en un máximo de 10 minutos con anestesia local o sedación, es menos dolorosa y tiene menos efectos secundarios. Además, el método farmacológico falla entre un 3% y un 5%, lo que exige que se vuelva a tomar alguno de los medicamentos o que se realice finalmente una aspiración.
En ACAI están molestos con los argumentos "demagógicos y tendenciosos" empleados por el Ministerio para justificar el cambio, dado que señalan que en sus clínicas también se proporciona a las mujeres información sobre métodos anticonceptivos y se prescriben y que "la evidencia demuestra que la manera de reducir los embarazos no deseados es con una estrategia de planificación familiar y con educación sexual" y no tanto en la práctica de los abortos, según explica Francisca García, presidenta de la Asociación.
La objeción de conciencia
Por último, el Ministerio argumenta que estas intervenciones no se realizan en los centros públicos por la "saturación de los mismos", cuando no se practican debido a la objeción de conciencia y a que el aborto provocado no es materia curricular en las carreras de Medicina y de Enfermería, según destacan las clínicas. En ACAI niegan, además, que su oposición se base en que el cambio puede mermar su negocio, dado que sostienen que cobran de forma similar por los métodos en sus conciertos con las administraciones públicas.
