El real decreto modifica la ley de enjuiciamiento civil para dar más salidas a las personas en riesgo de desahucio. Según recordó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, los desahucios por ejecución de hipoteca han bajado mientras que por impago del alquiler crecen como consecuencia de que el 42% de los hogares destinan más del 40% de su renta al alquiler. Por ello, el decreto contempla que una vez que los servicios sociales alerten de que se trata de una persona en situación de vulnerabilidad, se interrumpa el proceso durante un mes -dos meses en el caso de que el propietario sea una empresa- para que las administraciones busquen una solución habitacional.
