A petición de las comunidades, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, aceptó ayer postergar la aprobación de la reforma educativa -llegará al Congreso a finales de enero o principios de febrero, en lugar de a finales de diciembre- y dedicará el próximo mes a "afinar las propuestas de las autonomías y mejorar los aspectos técnicos". Andalucía saludó la prórroga para seguir negociando, pero guarda pocas esperanzas de que el texto definitivo se despoje de "todo el elitismo escorado a la derecha y el principio de segregación que lo atraviesa", dijo la consejera andaluza, Mar Moreno.

Moreno acudió ayer a la Conferencia Sectorial de Educación con un documento de nueve puntos alternativos, aspectos de la reforma que la Junta está dispuesta a aceptar y otros que nunca admitirá. Las líneas rojas del Gobierno andaluz son justo las que más caracterizan al anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, los que dan un vuelco al modelo actual: se reestructura el sistema educativo separando, por un lado, el itinerario de los alumnos que tienen capacidad para llegar a la Universidad, y por otro, la vía hacia la llamada Formación Profesional básica. Este último conduce a un título que acredita una habilidad técnica para incorporarse pronto al mercado laboral -como los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial-, pero al contrario que los PCPI, no están conectados con la Secundaria ni con los ciclos formativos de grado medio. La Junta cree que es una "vía muerta" para alumnos con problemas.

NO DA MARCHA ATRAS Wert explicó ayer que no va a renunciar a los objetivos de la reforma educativa -mejora del rendimiento académico y reducción de la tasa de abandono escolar-, pero admite que "se puede acomodar la forma de llegar a esos objetivos". Andalucía ha querido ver en esa sentencia un resquicio para negociar cambios en la ley, pero teme que "los aspectos mollares de la reforma no se van a tocar, como las reválidas, el ránking de calidad de los colegios, la pérdida de representatividad de los consejos escolares o el que la administración nombre a los directores de centros".

RECEPTIVO El ministro se mostró ayer receptivo a ceder, por ejemplo, en el diseño de los contenidos que se estudian. La ley ha retirado a las comunidades el 10% de la competencia que tenían para establecer qué se estudia en sus regiones, y ahora amaga con devolvérselo "si se garantizan unos contenidos comunes básicos". Andalucía considera este tema menor, "una concesión a los nacionalistas", y espera que no se use como contrapartida para no abordar los aspectos clave.

La reunión de ayer duró cuatro horas. Las comunidades gobernadas por el PP, más Navarra, apoyaron abiertamente el articulado de la ley. La mayoría espera clarificar cuestiones técnicas, como quién paga las reválidas, y qué pasa si un alumno aprueba la ESO pero suspende la reválida. Otras, según Moreno, han pedido que la ley regule las normas de escolarización para facilitar el acceso a los colegios católicos concertados. Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco (con representación del Gobierno saliente) y Canarias reprueban la reforma. La consejera catalana anunció antes de la reunión que la Generalitat está pensando en recurrirla ante el Constitucional.

El titular de Castilla-La Mancha tenía previsto pedir un acuerdo para que todas las regiones convoquen oposiciones a maestro en 2013 el mismo día y así evitar "el efecto llamada", una petición dirigida a Andalucía, con 30.000 opositores potenciales. Fuentes del ministerio explicaron que Wert "no vio oportuno dar cabida a otros temas complejos, habida cuenta de la importancia de llegar a un consenso" sobre la ley. La Junta duda si convocar, porque el límite legal de las plazases muy bajo.