El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quiere finiquitar el modelo actual de plazos para interrumpir el embarazo, que permite abortar en las primeras 14 semanas de gestación sin justificar ningún motivo, para volver a un sistema en el que solo se podrán someter a la intervención aquellas que cumplan determinados requisitos. Será "lo más progresista que haya hecho nunca", presumió Gallardón en una entrevista en TVE.

El ministro, obviando que se trata de una materia que compete especialmente a Sanidad, había adelantado que la nueva norma se inspirará en "la defensa del derecho a la vida", tal como estableció el mencionado recurso ante el Tribunal Constitucional y como proponía el programa electoral del PP. Pero ayer arrojó más luz sobre sus intenciones. El Gobierno "va a estudiar en profundidad" en qué supuestos se podrá abortar "sin reproche penal", explicó.

Es decir, se acabaron los plazos vigentes desde el 2010 y abortar en España será delito salvo en una serie de casos. El ministro justificó el cambio afirmando que la norma actual "obvia" los derechos que al concebido reconoce la Constitución, al priorizar la capacidad de decidir de la mujer sobre su maternidad.

Sus palabras connotan que Justicia aún no ha decidido si pretende volver a los tres supuestos de la ley de 1985 (violación, malformación y riesgo vital o psicológico) o quiere una ley aún más restrictiva, puesto el último caso de esta normativa fue un coladero y permitió más de 100.000 interrupciones de embarazo al año.

Los colectivos antiabortistas, que exigen que se prohiba completamente el aborto, mostraron ayer su satisfacción por el anuncio, "sin dejarse llevar por una euforia excesiva", según la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya. Por contra, los sectores proabortistas lamentaron la "regresión" de derechos que supone la "marcha atrás" anunciada por Gallardón. El presidente de la Fundación Española de Contracepción, Ezequiel Pérez, recordó que el cambio legislativo no sólo aleja a España de Europa sino que "los países con leyes más permisivas tienen menos abortos", con lo que el retroceso legal puede ser "peligroso y suponer una fuente de problemas".