Un total de 83 personas han sido detenidas en Granada por un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM). Según informó ayer el Ministerio de Trabajo en un comunicado, dos de los detenidos están acusados por delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, otros tres por falsificación de documentos y blanqueo de capitales y los 78 restantes por delitos de falsedad documental y estafa.
El Juzgado de Instrucción 3 de Granada decretó ayer tarde prisión incondicional para el supuesto responsable principal del fraude de tres millones a la Seguridad Social y al servicio público de empleo por estafa contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública y falsedad documental.
Su ingreso en prisión se produce después de que el Juzgado decretara horas antes la puesta en libertad con cargos, por los mismos delitos, de las otras cinco personas que pasaron ayer a disposición judicial por el presunto fraude, por el que han sido detenidas de momento 83 personas, de las que 77 ya quedaron en libertad con cargos tras declarar ante la policía.
Según informaron fuentes del caso, los puestos a disposición judicial, entre los que figuran tres mujeres, son los titulares o administradores de las al menos cuatro empresas de la construcción, supuestamente ficticias, que participaron en el fraude, y la mayoría tiene relación de parentesco entre sí.
En su declaración ante el juez, el presunto cabecilla del entramado, E.S.R., manifestó que todas las empresas tenían actividad real, aunque se remitió a sus libros de contabilidad para poder concretar cuestiones como el número de trabajadores que emplearon cada una de las empresas o el tiempo que permanecieron. Según las fuentes, uno de los cinco imputados que previamente prestó declaración y que figura como el titular de la principal empresa investigada acusó al presunto cabecilla, con el que no tiene vínculo familiar, de haberle utilizado porque, según su testimonio, le hizo firmar unos documentos para constituir la sociedad sin tener conocimiento de su contenido, lo que E.S.R. ha negado ante el juez.
