Casi medio millón de españoles se benefician ya de la ley de dependencia, pero otros 250.000 se encuentran en el famoso limbo, es decir, con la prestación aprobada y a la espera de recibir ayuda a la prestación a la que tienen derecho. Para tratar de acortar la demora, el Gobierno y las comunidades autónomas fijaron ayer un máximo de seis meses desde que se solicita la prestación hasta que se dictamina. El acuerdo, adoptado por unanimidad, supondrá la reducción a la mitad del actual tiempo de espera desde la solicitud hasta que se recibe la prestación, que va desde los tres meses de la Rioja y Andalucía al año y medio de Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. El plan pactado deberá ser recogido en las normativas autonómicas sobre atención a la dependencia antes del 1 de enero del 2011. De momento, solo lo tienen legislado Aragón y Andalucía.

El acuerdo concreta que el plazo para este trámite administrativo será solo de 30 días en el caso de los discapacitados menores de tres años, de forma que los padres puedan ampliar sus permisos de maternidad o paternidad o subsidios.

Los representantes del Ministerio de Sanidad de los diferentes gobiernos autonómicos no fijaron el plazo en el que las ayudas tendrán que ser efectivas de manera inexorable. "De momento se ha dado un paso importante, de gran valor político. Es necesario consolidar un esfuerzo presupuestario cada vez mayor", comentó la ministra Trinidad Jiménez. El Consejo de la Dependencia también aprobó otro acuerdo que obliga al sistema de atención a la dependencia a evaluar una vez al año a los cuidadores informales o no profesionales para garantizar que tanto ellos, independientemente de su edad, como el entorno del beneficiario siguen siendo aptos para el cuidado del dependiente. De la evaluación se encargarán equipos multidisciplinares de funcionarios públicos formados por trabajadores sociales, enfermeros, médicos, psicólogos y otros profesionales relacionados con estos servicios.