Con el objetivo de mejorar la seguridad, el Consejo de Ministros aprobó ayer y remitió a las Cortes un proyecto de ley que obliga a las compañías telefónicas a guardar los datos de las comunicaciones de sus clientes durante un año y a identificar a los compradores de las tarjetas de prepago, por si las fuerzas y cuerpos de seguridad, previa autorización judicial, los requieren en el marco de una investigación.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, defendió la necesidad de la normativa porque, en su opinión, "es esencial que la Policía tenga acceso a la información que circula por internet o por las líneas telefónicas, fijas o móviles, dado que las redes de delincuencia organizada suelen reclutar especialistas de nivel en el manejo de estos medios electrónicos". Esta información puede ser también de vital importancia en la lucha antiterrorista. De hecho, la investigación de las comunicaciones fue clave tras el atentado del 11-M y llevó a la detención de buena parte de los presuntos culpables.

EL MANDATO DE LA UE El proyecto de ley --que se denomina de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones-- supone la incorporación al ordenamiento español de una directiva europea que obliga a los operadores a guardar los datos entre seis y 24 meses para mejorar la lucha contra el terrorismo y otros delitos.

Concretamente, la norma española establece que las empresas de telefonía deberán conservar datos de cualquier comunicación --tanto fija como móvil o por internet-- que indiquen el origen, el destino, la hora, la fecha y el aparato usado, pero en ningún caso el contenido. Hasta ahora, las compañías guardaban tres meses datos de conexión y tráfico por motivos comerciales y de facturación.

La vicepresidenta destacó que la ley no supondrá una "merma o limitación del derecho a la intimidad o a la privacidad", dado que incluye herramientas para garantizar el uso legítimo de la información, que solo podrá ser entregada a las fuerzas de seguridad previa autorización de un juez. Los cuerpos que podrán requerir los datos son el Cuerpo Nacional de Policía, las policías autonómicas, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Vigilancia Aduanera.