La nueva reforma de la ley de extranjería, la tercera en apenas tres años, entrará en vigor a finales de este año después de que concluya su andadura parlamentaria. El Consejo de Ministros aprobó ayer el texto, que será enviado en breve al Congreso, donde se tramitará por la vía urgente. La norma amplía las causas de expulsión, acosa aún más a los sin papeles y reduce la burocracia para los inmigrantes regulares. Estos podrán obtener de forma simultánea en su país de origen el visado y el permiso de residencia o trabajo.
La nueva norma, que viene motivada por un varapalo judicial del Tribunal Supremo, capacita al Gobierno para controlar los listados de pasajeros de las compañías aéreas. La intención del Ejecutivo es que todos los turistas que vengan en avión sean de verdad visitantes y no inmigrantes camuflados.
SIN INCONVENIENTES
La iniciativa ha recibido el visto bueno de la Agencia de Protección de Datos, según explicó ayer el ministro del Interior, Angel Acebes. Otro de los aspectos de la nueva ley es el que se refiere al arraigo. Es decir, la regularización para los sin papeles que demuestren de manera oficial --con los datos del padrón, por ejemplo-- que llevan viviendo como mínimo cinco años en España. La nueva norma deja un poco en el aire la regularización por arraigo y la vincula a un futuro reglamento. Cuando la ley sea una realidad, el Gobierno tendrá capacidad para expulsar de forma fulminante --menos de 48 horas-- a los extranjeros que contraten sin papeles y a los que cometan "actos discriminatorios o xenófobos". Ambos supuestos deberán quedar probados en una resolución judicial antes de que la policía proceda a la devolución. Con la antigua ley de extranjería, que todavía está vigente, la expulsión inmediata estaba reservada para los extranjeros que cometan un delito o una infracción contra el orden público.
El ministro del Interior alabó las virtudes de la nueva norma e insistió en el binomio inmigración-delincuencia. "Es necesario --dijo-- expulsar inmediatamente a los que vienen clandestinamente a delinquir".
Aunque ya lo venía haciendo, el texto faculta al Ejecutivo para devolver e internar a los irregulares que llegan en patera y para expulsar a aquellos sobre los que haya recaído una orden de expulsión en algún otro país de la UE.
La aprobación de la reforma provocó un alud de reacciones. La más comedida fue la del PSOE, que se mostró partidario de dialogar con el Gobierno durante la tramitación parlamentaria a pesar del "fracaso" de la política de extranjería.
Los sindicatos UGT y CCOO arremetieron contra la "dureza" de una ley que, a su juicio, no hará que los inmigrantes se integren en la sociedad. Mientras, SOS Racismo criticó la "xenofobia institucional" y la asociación de marroquíes ATIME explicó que la nueva ley es "equiparable" a la de 1985, informa Europa Press .
