Salir de la pandemia del coronavirus no está siendo fácil --¡quién lo habría dicho en marzo del 2020!--, pero el apoyo de las administraciones, sobre todo las más cercanas al ciudadano, como los ayuntamientos o la Diputación, han sido fundamentales para frenar el desplome de la economía. Con las empresas y autónomos, familias enteras se han visto afectadas por la crisis del covid-19. Y los servicios sociales han jugado un papel determinante, para lo que ha sido necesario incrementar los recursos, con planes y partidas nuevas. Solo el IPBS, dependiente de la Diputación, aumentó su presupuesto un 40,6% hasta alcanzar los 4,34 millones de euros para atender todas esas necesidades y llegar a más de 3.200 personas, de las que al menos un millar no habían sido perceptoras de ayudas sociales con anterioridad. La Diputación también lanzó un nuevo plan dotado con 15 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos utilizando los remanentes del 2020.

En materia de salud, a final de año, el Ayuntamiento de Palma del Río cuenta ya con la autorización de la Junta para la acometida provisional que suministre energía eléctrica al futuro hospital, que se espera que abra en los primeros meses del 2022. La Consejería ha acometido también en este año obras de mejora en los hospitales de Cabra y Pozoblanco. En enero, el Hospital Valle de Los Pedroches puso en funcionamiento la nueva UCI, una infraestructura que supuso una inversión de 1.150.000 euros dentro del plan de inversiones de la Junta para la mejora de espacios frente al covid-19. Y en noviembre se abrió el nuevo aparcamiento, que también da servicio al centro de salud. En el último trimestre del año ha comenzado la remodelación del bloque quirúrgico del Infanta Margarita de Cabra, que llevaba casi cuatro décadas sin ser sometido a una reforma integral. Salud destina a esta intervención 6 millones de euros.

Por otra parte, con la puesta de la primera piedra del futuro Palacio de Justicia de Lucena por parte del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha iniciado la construcción de la nueva sede judicial, un proyecto que se ha dilatado 17 años. Las instalaciones albergarán cuatro juzgados de Primera Instancia e Instrucción, uno de ellos apto para atender necesidades en materia de Violencia sobre la Mujer; el Servicio Común Procesal del Partido Judicial; el Registro Civil; la Sección Territorial de la Fiscalía Provincial de Córdoba; el área comarcal del Instituto de Medicina Legal y el juzgado de guardia.

En el mes de diciembre se ha iniciado, por fin, el proceso de expropiaciones para la variante de Las Angosturas en Priego, otra infraestructura demandada desde hace décadas.

Y en el plano político, la moción de censura que presentaron en Adamuz PSOE e IU desbancó a la alcaldesa del grupo independiente Decida. Mientras, en Castro del Río se produjo el relevo pactado a principios del mandato, por el cual hasta el final del mismo gobernará el popular Julio Criado.