Como constata perseverantemente la historia la corrupción afecta, en menor o mayor consideración y medida, a todos los sistemas políticos, obras humanas que son, con independencia de que estos sean monárquicos, tiránicos, dictatoriales, o democráticos, extendiéndose su impacto en la sociedad cuán oprobiosa mancha de aceite, porque sea esa grasa con la que puedan funcionar sus rodamientos y engranajes. Solo en democracia, si no está ni mediatizado ni contaminado en exceso el poder judicial, podría con su mediación ser entorpecida y contrarrestada esa lacra tenaz, que no afecta únicamente al ámbito económico, siendo éste de suma importancia, sino también al social, al político y al institucional.
Y no hay medida exacta que las contraste, pues regímenes estimados democráticos y parlamentarios pueden llegar a ser mucho más corruptos, tiránicos y detestables que algunos tachados de dictatoriales. Ejemplos hay. En el fondo todo ello depende en gran medida de la categoría profesional y moral de sus líderes y dirigentes, de la excelsa especificidad de la clase política. Siendo básico entonces que la independencia de los tres poderes sobre los que se asienta la democracia, si esta se encuentra consolidada, gocen de libertad para sus ejercicios sin grandes cortapisas que los obstaculicen.
Pero nada cambiará si solo algo se modifica para que todo siga igual, maquillando ex novo la podredumbre ética, por conveniencia, en connivencia y por perseverar en la falaz convivencia, en un panorama de inexperiencia y vacilaciones, instalado en la inseguridad y en el miedo a errar, apuntando como único rumbo hacia el mantenimiento del poder, considerado en sí mismo, sin fundamentos ni ideología. Y la corrupción no solo incidirá sobre el sector político, público y administrativo, sino que se trasladará al sector industrial y laboral, a la empresa, a los negocios, a la banca y a sus diversos entramados financieros, como al mundo privado en general, a las organizaciones profesionales, y a algunos medios de comunicación buscando la confabulación con los poderes del Estado.
** Doctor Ingeniero Agrónomo. Licenciado en Derecho
