El Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba, que tiene asignadas las competencias en materia de violencia sobre la mujer, se creó en el año 2018, y ya está completamente sobrepasado en carga de trabajo. Entre la abrumadora cantidad de datos que lo demuestran, baste señalar que maneja el doble de procedimientos que el resto de juzgados de lo penal y que ya está señalando juicios para noviembre del 2024.
Como hemos argumentado en otras ocasiones, y siguiendo la frase de Séneca que tanto se utiliza en el ámbito del Derecho («Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía»), el enorme retraso, fruto de la falta de medios, perjudica a los administrados. En todos los casos, pues basta recordar el colapso del Juzgado de lo Mercantil durante la crisis económica de la década pasada y a cuántas empresas les llegó la solución judicial cuando ya quedaba poco o nada que salvar. Y, en los casos de violencia contra la mujer, tiene el añadido de que esa larga espera puede generar situaciones de riesgo.
La puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia conllevó la mejora de los medios con que cuenta la administración judicial en Córdoba, y en los últimos años ha habido refuerzo de algunos juzgados. Pero nunca lo suficiente, como admite el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, el magistrado Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Se estima que el Juzgado de lo Penal número 6 necesita al menos un juez de refuerzo, un letrado y varios funcionarios, pues solo el año pasado ingresó 357 juicios rápidos, frente a la media de medio centenar que asumieron otros juzgados. Sánchez Zamorano resalta el enorme esfuerzo que desarrollan la magistrada titular y su equipo, y admite que Córdoba necesitaría, además, otro juzgado de instrucción, un segundo, para la provincia. Lo cierto es que se espera, en los próximos meses, una inspección de las tareas que se desempeñan en materia de protección y violencia contra la mujer, y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía determine el aumento de recursos para el Penal 6. De hecho, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía anunció un plan de choque para este mismo año. Se calcula que Córdoba necesitaría unos 50 funcionarios más, con el Penal número 6 y el Juzgado de Primera Instancia 3, que trata los asuntos de Familia, como los «puntos negros» de la capital, a los que se suman las carencias en los juzgados de la provincia. Sin embargo, cabe pensar que la situación política, con el adelanto de las elecciones autonómicas prácticamente asegurado, volverá a crear una laguna en la toma de decisiones que podría impedir la aplicación de soluciones en el ejercicio actual.
Pero la realidad de la violencia contra la mujer, en sus múltiples enfoques, no espera. De hecho, asistimos a un continuo desfile de casos de asesinatos, de agresiones, de violencia vicaria y de abusos sexuales cada vez más violentos y apoyados en muchos casos en procedimientos de sumisión química de las víctimas -la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género concluyó ayer unas jornadas sobre este tema de las que se infiere que los casos denunciados son solo la punta del iceberg- que se deben afrontar desde todos los ángulos posibles, pero en los que la justicia no puede fallar por falta de medios materiales y humanos. Hay prioridades que no se deben desatender bajo ningún concepto, y menos dejarlas descansar en plantillas desbordadas por una situación de violencia machista que, por extraño que pareciera en una sociedad avanzada, no se aplaca.
