La Justicia cordobesa necesita medio centenar de funcionarios en opinión del secretario coordinador provincial de la Administración de Justicia, José Antonio Guerra. Este afirma que los juzgados de lo Penal 6, que lleva los asuntos de Violencia de género, y Primera instancia 3, que trata los de Familia, son los «puntos negros» de la capital, aunque esta situación se extiende, asimismo, a «todos los juzgados de la provincia, porque hay un déficit endémico» si se compara Córdoba con otros territorios de Andalucía.
José Antonio Guerra señala que, ante este escenario, «se pide más personal, por otro lado, se solicitan más horas y, sobre todo, una de las cuestiones centrales es que haya más agilidad en la cobertura de las bajas o las vacantes», dado que en estos momentos se llega a tardar alrededor de tres meses en darle respuesta.
A raíz de la pandemia de coronavirus, la Junta de Andalucía planteó un plan de choque para reducir el retraso en los juzgados, que ya ha contado con distintas fases en las que los funcionarios han acudido a trabajar, de forma extraordinaria, por la tarde, entre otras iniciativas.
En estos momentos, las diferentes provincias han elevado sus propuestas para el 2022 a la Consejería de Justicia. José Antonio Guerra destaca que sería necesario poner en marcha este plan de refuerzo, al menos, durante un trimestre antes del verano y otro a final de año, en diferentes órganos de la capital y de los municipios. Así, se han solicitado horas extra o aumento de personal para la sección civil de la Audiencia provincial; el Penal 6; el juzgado de lo Mercantil; Primera instancia 11 (que aborda los asuntos relacionados con las cláusulas suelo); Primera instancia 3 (Familia); los partidos judiciales de Posadas y Lucena, «que son los que tienen más carga de trabajo de la provincia», subraya, Montilla, Priego de Córdoba y Montoro.
Entre otras cuestiones, José Antonio Guerra alude a la incertidumbre planteada en cuanto al mantenimiento de los refuerzos implantados en los juzgados de Violencia sobre la mujer y apunta al «perjuicio» que su retirada provocaría en órganos judiciales que ya tienen una plantilla escasa.
Además, en referencia a los letrados de la Administración de Justicia que hacen falta, manifiesta que están vacantes las plazas del Penal 2 y de la sección primera de la Audiencia, y que haría falta un letrado de refuerzo para el Penal 6, y que se mantengan los que ya trabajan como refuerzo en Primera instancia 3 y 11.
Desde la Consejería de Justicia destacan que, por el momento, se está trabajando en el referido plan de choque para el ejercicio 2022 y adelantan que «será diferente» a los anteriores y que se adaptará «a las necesidades actuales» que le han sido trasladadas.
