Los que siempre hemos estado en contra de los piquetes violentos no dependemos de quiénes los promuevan. Te opones a un hecho objetivo, coaccionar a los trabajadores que han elegido no seguir la huelga y trabajar; no a favor, o en contra, en virtud de sus causas. Comprendo que la posición resulte difícil de entender en esta realidad polarizada: si la huelga se hace contra medidas de un Gobierno del PP, estamos con los trabajadores que han decidido no sólo seguirla, sino acosar a los esquiroles, y extendemos sobre ellos un manto de fraterna comprensión; pero si los piquetes se organizan en una huelga frente a un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, se criminaliza no sólo los piquetes, sino la huelga en sí. Quienes aspiramos a una convivencia pacífica fundamentada en un estado social, y también democrático, pero especialmente de derecho, lo tenemos más fácil: cualquiera tiene derecho a manifestarse y, por supuesto, a hacer huelga; cualquiera tiene derecho a tener su criterio y a expresarlo, con respecto a la huelga o cualquier otro asunto de la tarea pública; cualquiera tiene derecho a rechazarla, no salir de su casa o trabajar. No hay que juzgar a nadie por cualquiera de estas decisiones, porque son derechos básicos que ni siquiera la corriente actual de articular un doble rasero para vivir, puede conculcar. Y nadie tiene derecho, jamás, de ninguna manera, a pesar de la interesada despenalización de los piquetes impulsada por el Gobierno hace menos de un año, a acosar ni agredir absolutamente a nadie por llevar a la práctica ninguna de las conductas anteriormente descritas. Cuando la semana pasada los camiones de los transportistas fueron pasando y pitando por los jardines de La Victoria, el posible titular del Gobierno, en virtud de sus acusaciones recientes, era evidente: «No son trabajadores luchando por llevar pan a sus casas. Es la ultraderecha». Defender el derecho únicamente cuando te beneficia es el nuevo rostro del autoritarismo.
