De la cuarta prórroga de los ertes por covid se pueden extraer dos conclusiones: la primera, la innegable utilidad de este instrumento para dar seguridad a empresas y trabajadores afectados por la pandemia; y la segunda, la constatación de que seguirán siendo necesarios mientras la vacunación no sea mayoritaria y sectores como el turismo no se hayan recuperado completamente. Nadie dudaba de que tenían que prorrogarse, como así ha sido, al menos hasta final del verano. Pero el hecho de que el acuerdo con los agentes sociales se hiciera esperar hasta casi expirar el plazo -no es la primera vez que esto ocurre- ha tensionado el diálogo social en momentos en los que este es muy necesario. La alternativa de aprobarlo por decreto ley sin la aprobación de la patronal o los sindicatos hubiera sido peor. Finalmente, el consenso entre el Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT ha sido posible en buena parte gracias a llamadas al más alto nivel, por lo que hay que felicitarse del resultado, si bien hubiera sido deseable un acuerdo más fácil en un tema en el que, a priori, todos estaban de acuerdo. Cerca de 600.000 personas afectadas por un erte estaban pendientes de él. Nada más que en la provincia de Córdoba eran unos 5.000 los trabajadores temporalmente de baja que cruzaban los dedos para que se alcanzase un acuerdo, ante la incertidumbre de verse readmitidos o no en sus puestos de trabajo, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social y correspondientes al último día del mes de abril.

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, negoció sin problemas los aspectos referentes a la protección social de los trabajadores (prohibición de despidos durante seis meses y prestación del 70% del SEPE, como ahora). El escollo ha sido la propuesta del ministro José Luis Escrivá de primar la reincorporación de los trabajadores y reducir las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social a los que mantuvieran la suspensión temporal de empleo. Se pretendía evitar así una prolongación de los ertes más allá de lo necesario. La patronal, reticente a esta medida, expuso un argumento difícil de rebatir: las empresas no volverán a la actividad porque haya más o menos incentivos, sino porque la situación pandémica lo permita o no. La solución que ha permitido el acuerdo ha sido un sistema de exoneraciones que mantiene un equilibrio entre las bonificaciones a la reincorporación y el mantenimiento de los ertes. Las exoneraciones son mayores para los trabajadores activos (entre el 85% y el 95%) que para los suspendidos (entre el 60% y el 85%), pero la diferencia no es tan grande como la planteada inicialmente. No es el momento de reducir ayudas a los llamados sectores ultraprotegidos, los más golpeados por la pandemia, cuando todo apunta a que la temporada de verano seguirá por debajo de los niveles precovid.

El acuerdo prolonga cuatro meses más la relativa tranquilidad de las empresas y plantillas en erte y pone de manifiesto, por si cabía alguna duda, de que siempre es preferible refrendar las medidas gubernamentales mediante el diálogo social. Vienen tiempos de reformas. Conviene tenerlo presente.