El pasado 2 de marzo el Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Montilla suspendió su actividad ordinaria, manteniendo únicamente los servicios de guardia y actuaciones urgentes. Esta decisión viene motivada por la grave falta de personal que sufre al no haberse cubierto las vacantes tras el traslado de varios funcionarios.
Si bien la noticia es llamativa, se trata tan solo de una muestra más de la -precaria- situación de la Justicia en nuestro país.
Al problema de la lentitud a la hora de cubrir vacantes se une la absoluta falta de medios humanos y materiales con los que cuentan los Juzgados, carencias que, si bien se llevan denunciando año tras año por parte de las asociaciones judiciales, el poder político no ha sabido -o querido- proporcionar una solución adecuada a las mismas.
Especialmente grave es la situación de los Juzgados especializados en cláusulas abusivas: si bien estos se crearon para afrontar el gran volumen de demandas relativas a dicha materia, no han sido dotados de medios suficientes para hacer frente a la avalancha de trabajo que han sufrido. Ello ha derivado, por ejemplo, en retrasos de hasta cuatro años en celebrar una vista oral.
Si la situación ya era complicada antes de la llegada a nuestras vidas de la covid-19, ahora lo es mucho más; a la suspensión de los plazos judiciales durante el primer estado de alarma (cerca de tres meses), se le une el evidente aumento de la litigiosidad en el último año, llevando a algunos Juzgados a una situación límite.
Es el caso de los Juzgados de lo Social, los cuales ya trabajaban a marchas forzadas antes del mes de marzo y que han visto desde entonces aumentar exponencialmente el número de asuntos. Sin embargo, lo más grave es que la situación socioeconómica del país sugiere que tal número se dispare, especialmente con la finalización de los ERTE.
No obstante, si bien es cierto que los datos pueden parecer fríos y algo relativamente ajeno a cualquier ciudadano de a pie, sus consecuencias son desgraciadamente reales: si tu empresa deja de abonarte los salarios, tardarás 3 o 4 años en acudir a juicio para recuperarlos; dependiendo del municipio donde vivas, si quieres modificar las medidas de tu divorcio tendrás que esperar cerca de tres años en celebrar la vista; o si decides reclamar la cláusula suelo de tu hipoteca, no tendrás noticias de tu asunto en otros tres o cuatro años.
Se trata, en definitiva, de vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva, dentro del cual se integra el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, derechos nucleares en las Constituciones liberal-democráticas modernas.
En palabras de Séneca, «Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía».
** Abogada
