El Mecanismo Residual del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia ha dictado sentencia firme contra Radovan Karadzic. En el 2016 había sido condenado a 40 años de prisión por su participación como inductor y ejecutor tanto del genocidio de Srebrenica (1995) como por el asedio de Sarajevo (1992-1996). En esta sentencia en apelación ha sido condenado a cadena perpetua. Como ha sido la tónica en todas las vistas, ha mantenido una actitud impasible durante todo el proceso, sosteniendo que los cargos estaban sostenidos sobre rumores y no sobre hechos probados. Y, sin embargo, el tribunal ha determinado que, al igual que Ratklo Mladic, tiene sobre su conciencia el asesinato de más de 20.000 personas. Será algo con lo que tendrá que vivir.

En el plano doméstico, esta sentencia no constituye el final de un proceso. Más bien al contrario, debería ser el punto de partida de un proceso de reconciliación demorado durante demasiados años. Sin embargo, tras los resultados de las elecciones presidenciales del 2018, no parece que la hoja de ruta vaya a ser la de una mayor aproximación y construcción nacional conjunta frente a los nacionalismos de corte étnico esencialista. Habrá que aguardar si el escepticismo con el que se esperaba esta sentencia en la República Srpska no se materializa en brotes nacionalistas a favor de Karadzic, y, por el contrario, se acepte como la condena a un genocida que no ha representado ni representará la voluntad de la comunidad de los serbios de Bosnia.

En el plano internacional, esta sentencia tiene que servir como ejemplo de la aplicación de la justicia penal internacional y para recordarnos que hace apenas un cuarto de siglo que presenciamos impasibles un conflicto terrible a apenas dos horas de vuelo de Bruselas, en el que hizo falta que se cometiera la mayor matanza de civiles en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial en Srebrenica, para reaccionar ante el horror. Los europeos no somos inmunes a la irracionalidad descontrolada y fanática, recordemos Sarajevo.

* Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid