En un artículo en la revista tintaLibre del presente mes, Enrique Moradiellos reflexiona acerca de la perspectiva que se debe adoptar a la hora de abordar nuestra posición ante Franco y el franquismo. Tras repasar el significado de la figura del dictador a lo largo de buena parte del siglo XX español, considera que aún pervive parte de la herencia de aquella época histórica, y que ello ha dejado un legado del que es necesario que la sociedad española se libere, y para ello propone lo que han hecho otros países democráticos: «reconocer que los fantasmas del pasado siempre pueden ser conjurados y exorcizados». Para esto no basta con decir que una buena parte de los españoles no vivimos la guerra o la postguerra, o que cada vez son más los que no vivieron bajo la dictadura, porque las actitudes y los comportamientos no tienen que ver con la edad ni con la experiencia vivida. En determinados sectores aún pesa demasiado el modelo dictatorial, e incluso los miedos que el dictador provocó.
Hace aproximadamente un mes, defendí en estas páginas la medida aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Muchos afirmaron entonces que no veían la necesidad de que la misma se llevara a cabo, y a bastantes de ellos, porque pueda ser trasladado a la catedral de la Almudena como al parecer propone la familia, los encontramos divididos al menos en tres grupos: unos se escandalizan sin más; otros alertan acerca de que ese lugar se pueda convertir, en pleno centro de Madrid, en un lugar de peregrinación de los nostálgicos de la dictadura, y en tercer lugar, están los que afirman que si Franco va a la Almudena eso es un nuevo gol por la escuadra (por recurrir al término de la ministra) que le marcan al Gobierno. Estos últimos parecen especialmente satisfechos, aunque en mi opinión están equivocados. Como ya dije en el artículo al que antes me referí, la medida adoptada tiene que ver con la dignidad de todos los ciudadanos, con la necesidad de que un país democrático no tenga un espacio público que sirva de honra a la figura de un dictador. Si la familia tiene en propiedad una sepultura en la cripta de la Almudena, ¿qué problema hay?, y lo que es más importante, ¿quién tiene el problema?
Conviene no olvidar a quiénes les debía Franco su poder en los primeros momentos. De manera acertada, Manuel Azaña escribiría en su diario el 6 de octubre de 1937 que, si ganaban los sublevados, en España se impondría «una dictadura militar eclesiástica de tipo tradicional», es decir, tendría el apoyo del ejército, de la derecha y de la iglesia. Y los dos últimos no han sabido resolver su relación con el pasado. Ya vimos cómo el PP se abstuvo de manera vergonzante a la hora de adoptar la decisión sobre la exhumación, a veces parece como si temieran que de un momento a otro se les apareciera el espectro de Fraga, su fundador, para recordarles que él nunca condenó el franquismo, más bien todo lo contrario. Tampoco sabe cómo afrontar su propia historia la Iglesia católica, colaboradora eficaz de la dictadura desde que le diera a la guerra civil el carácter de cruzada, y gran beneficiaria de ella (como tendría que recordar el propio Carrero Blanco en los años finales del franquismo). Ahora, la institución que fue de la mano del dictador, creadora junto a él del nacionalcatolicismo, sobre todo porque gracias a ello consiguió privilegios, es la que deberá afrontar el problema de acoger en uno de sus templos al dictador, de evitar que un lugar de culto se convierta en espacio de honor para una figura tan poco digna de reconocimiento. La familia ha tenido la humorada de pedir honores de jefe de Estado para el traslado, es de suponer que pedirá también que los restos entren en la Almudena bajo palio.
* Historiador
