La problemática relacionada con el cannabis -desde la plantación y el consumo individual hasta el tráfico de droga- se mueve en una nebulosa que oscila entre la penalización y la tolerancia, con unos cuantos ejemplos de vacío legal que permiten la existencia de prácticas en las que se fomenta la picaresca o se vulnera la legalidad vigente. En España no está penalizado el consumo, pero la ley para la protección de la seguridad ciudadana del 2015 endureció las sanciones administrativas a los poseedores y consumidores de marihuana en la vía pública. Las plantaciones que han proliferado de manera notable en los últimos años son otro caso. Existen tiendas y negocios virtuales que venden las semillas que, con un tratamiento intensivo, pueden convertirse en poco tiempo en cogollos secos listos para el consumo. Se advierte de que es ilegal germinarlas, al mismo tiempo que se dan consejos para optimizar los resultados del cultivo. La misma ley citada -con mentalidad recaudadora y sancionadora, en detrimento de la rehabilitación- no despenaliza la plantación y el cultivo, pero incluye un artículo que especifica que la infracción administrativa se dará si se produce «a la vista del público», con lo que se genera la posibilidad de cultivar el cannabis de forma privada y para consumo personal. Este es un aspecto que genera una múltiple casuística en los tribunales y que abre la puerta a un negocio ilegal y lucrativo.
