No sé si conocen los lectores la última encuesta de febrero del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), donde se analiza el Barómetro mensual de Confianza Política, Económica y del Sistema Gobierno/Oposición. Después del paro (78%), la principal preocupación de los ciudadanos españoles es la Corrupción (el 47,5%), con un crecimiento de más de ocho puntos respecto a la encuesta de enero; paradójicamente muy por encima de la preocupación por la falta de Gobierno o la independencia de Cataluña (1,4%).

Vengo denunciando desde hace tiempo en estas páginas y en círculos de debate, el peligroso incremento de esta situación. Previamente a jubilarme en la Administración Pública del Estado (APE), a mediados del año 2011 incluso hice denuncia por escrito a mis superiores, al sindicato que yo ayudé a crear y a antiguos amigos y compañeros de la coalición política donde yo había militado, de graves casos de ocupación irregular de puestos de trabajo en la APE por personal de empresas. Estos incluso manejaban expedientes con datos personales y económicos de los ciudadanos; tarea de especial atribución de los empleados públicos.

Al principio fui animado a continuar pues parece que se quería desmontar dicha irregularidad. Meses después y ante mi insistencia, recibí afectivas sugerencias de "que estaba metiéndome en un terreno peligroso el cual no era de mi competencia". Al no recibir respuesta sindical y tras seguir indagando, descubrí que parte del personal de estas empresas adjudicatarias de obras de la APE eran afiliados y simpatizantes del sindicato y familiares de empleados de la APE (Administración Pública del Estado) de ese ministerio. Finalmente, un sindicalista conocedor directo del asunto, trató de cerrarlo comunicándome que esa irregular situación era muy común en otras provincias e incluso en otros ámbitos de las Administraciones Públicas (AA.PP.) y que olvidara el tema. Asqueado, pues después de esta experiencia no tenía apetencia por asistir a mi puesto de trabajo, yo tuve que anticipar legalmente mi jubilación después de treinta y cinco años al servicio de la APE, lo que me ha provocado graves trastornos psicológicos. Los protagonistas siguen en sus puestos. Aunque el asunto no afectaba directamente a los servicios que yo dirigía, como alto cargo de la APE yo no podía obviar las irregularidades de que tenía conocimiento. Pero no se puede solucionar la corrupción desde la corrupción.

* Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones