En este mismo mes de abril el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señalaba en su memoria del año que la Ciudad de la Justicia de Córdoba es "absolutamente necesaria" porque el actual Palacio "está agotado en el espacio y no es funcional". En esa misma Memoria se corroboraba que la dispersión en siete sedes por distintos lugares de la capital, junto con las instalacions inadecuadas y la falta de espacio, especialmente para los archivos, hacen necesaria la construcción de dicha obra que lleva diez años gestándose en los proyectos de la Administración andaluza sin que encuentre el despegue final.

El pasado 23 de abril era la fecha en que se cumplía el último plazo para que la sociedad adjudicataria de la Ciudad de la Justicia --las empresas Isolux Corsán y Copcisa Industrial-- presentara que había obtenido financiación para el proyecto e iniciar, así, las obras. La fecha de este plazo la resaltó en el Parlamento andaluz el propio consejero de Justicia, Emilio de Llera, que dijo en esa ocasión que esperaba que antes del inminente 23 de abril la sociedad adjudicataria de la Ciudad de la Justicia obtuviera los recursos necesarios para financiar esa infraestructura.

Pero el día 23 de abril ha llegado sin que las previsiones tanto de la Junta de Andalucía como de la sociedad adjudicataria de la Ciudad de la Justicia se hayan cumplido. O sea, que no se ha conseguido la financiación requerida por lo que las obras no han podido comenzar.

Ahora la Consejería de Justicia e Interior, a la vista de que parece ser que se ha avanzado "sustancialmente en la negociación con fondos y entidades financieras interesadas en participar en el proyecto", le ha concedido una nueva prórroga, esta vez de cuatro meses, para que comience la construcción del complejo judicial. Aunque la Administracioón andaluza ha puesto una condición: ha exigido a la empresa que acredite documentalmente, en un plazo máximo de dos meses, el compromiso de financiación de la Ciudad de la Justicia por parte de las entidades financieras. Una de las ventajas de esta prórroga es que con ella se evita ir a otro concurso, una posibilidad no deseada por nadie porque sería, a todas luces, retrasar aún más el proyecto.

Con todo el recorrido que lleva la Ciudad de la Justicia --hasta ahora salpicado de frustraciones-- está claro que si la fórmula empleada de asegurar su financiación no es válida habrá que buscar otro sistema; porque la dilación de este proyecto lo está conduciendo a un peligroso estado de descreimiento ciudadano, mostrado ayer por el sindicato CSIF. Así, la nueva prórroga de la Administración andaluza para la construcción de esta infraestructura, tan necesaria para resolver las deficiencias que tienen las sedes judiciales de Córdoba, no debe ser tomada como una coartada sino como un compromiso definitivo.