El guadianesco y sutil intercambio de golpes que se están cruzando la Audiencia de Sevilla y la jueza Mercedes Alaya ha vivido un nuevo capítulo con el auto en el que la instructora del caso ERE ha argumentado la imputación de la exministra y exconsejera Magdalena Alvarez, a la que ha vuelto a citar para que declare la semana que viene imputada por prevaricación y malversación de caudales públicos. Tras el tirón de orejas que le dio la propia Audiencia la semana pasada, animándola incluso a elevar ya la causa al Tribunal Supremo, la magistrada ha hecho una cerrada defensa de su instrucción, de la que asegura que ha respondido a un diseño "bien definido" y que de ningún modo ha sido "espasmódica" como se le ha llegado a reprochar. Eso sí, considera que para rematar el trabajo todavía le falta tiempo y reclama en consecuencia "calma" para poder "culminar con dignidad el trabajo". Y contrariamente a lo que suele hacer, en esta ocasión da explicaciones y se justifica por el tiempo que todavía va a mantener el caso alegando que faltan informes periciales que considera imprescindibles para rematar una instrucción que, recuerda, inició hace menos de tres años y que se vio lastrada por dos condicionantes: la falta de medios con los que contó inicialmente y su propia baja por enfermedad. De esta manera, Alaya viene a confirmar que, por mucho que "el final de la instrucción no está lejos, antes al contrario", va a continuar con el caso el tiempo que estime oportuno. Y en este sentido, le devuelve la pelota a la Audiencia, que si bien hace una semana le metió prisas, en agosto emitió un auto en el que respaldaba su trabajo y la instaba a "apurar y depurar" la instrucción de un caso que, por su respuesta de ayer, piensa mantener hasta el final. Pese a que tanto la Audiencia como la jueza están actuando dentro de sus estrictas competencias, no dejan de sorprender los puyazos que de manera poco disimulada se están lanzando, un juego de sutilezas judiciales que adornan el caso de una manera innecesaria.
