Como era de esperar, la Casa Real anunció ayer que no tomará ninguna decisión sobre Carlos García Revenga, asesor de las infantas Elena y Cristina, hasta que no conozca el contenido de su declaración ante el juez que instruye el sumario del 'caso Nóos'. El magistrado lo ha citado como imputado para que comparezca en el juzgado de Palma de Mallorca el 23 de febrero. Deberá responder a sus preguntas sobre la relación que mantuvo con el Instituto Nóos, del que fue tesorero y patrono, pero el juez no ha explicado de qué le acusa. Esa ausencia de cargos concretos contra el funcionario de la Casa Real es la que justifica que no se adopten "medidas inmediatas", según reza el breve comunicado de la Zarzuela. El entorno del Rey prefiere esperar para comprobar hasta dónde llega el caso. El juez José Castro ha invertido más de 500 folios en argumentar la petición de una fianza civil solidaria de 8,1 millones de euros para Urdangarin y su exsocio Diego Torres, que se niega a declarar, pero que contribuye a la confección del sumario con material que cada vez compromete más al entorno del duque de Palma. En la exposición de los argumentos judiciales que respaldan la elevada fianza, el magistrado abre la puerta a nuevas imputaciones, que podrían afectar a personas que en su día hubieran ocupado puestos en el entramado societario del duque de Palma o que hubieran intervenido en operaciones concretas del Instituto Nóos. Esa es la sombra que más pesa sobre el caso ahora y que el antiguo socio alimenta con sus emails comprometedores
