El aumento de las movilizaciones ciudadanas contra los demoledores efectos de la crisis no debería constituir, desgraciadamente, ninguna sorpresa para el Partido Popular y el actual Gobierno.
En las democracias, el malestar social tiene múltiples formas de expresión, y el ejercicio del derecho de voto --que es lo más importante y lo que realmente cuenta-- no se contrapone al del derecho de manifestación.
La propia derecha española se lanzó a la calle --sola o en compañía de la jerarquía eclesiástica-- en numerosas ocasiones durante las dos anteriores legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y si ahora la inquietud de muchos ciudadanos no es por respetables asuntos ideológicos como, por ejemplo, el aborto o la religión sino por otros mucho más perentorios y tangibles como la falta de trabajo, la pérdida de la vivienda o los recortes sanitarios, la obligación de los gobernantes no es solo respetar su derecho a la protesta sino intentar dar respuestas políticas al malestar.
En lo que llevamos de octubre, desde la Administración se han lanzado dos iniciativas inquietantes en orden a la libertad de manifestación y de expresión. A principios de mes, la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, propuso "modular" el derecho de manifestarse para que la circulación en la vía pública sufra menos alteraciones. Las críticas unánimes desde muy diversos sectores neutralizaron la idea.
PROHIBIR FILMAR
La más reciente ha sido la del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien ha abogado por que se prohíba filmar a los agentes cuando actúan a cara descubierta en manifestaciones, con el argumento de que a veces esas imágenes circulan luego por las redes sociales con la información añadida de los datos personales de los policías, lo que pone a estos en situación de riesgo.
Tan evidente resulta este peligro circunstancial --y poco evitable-- como absolutamente desproporcionada la solución apuntada por Cosidó, desautorizado rápidamente por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando ya arreciaban las críticas.
Los excesos en las manifestaciones deben ser acotados, pero en general el civismo impera en España en las protestas por un deterioro social que aumenta día a día.
"Matar o acallar al mensajero" de malas de noticias puede ser una tentación por parte del poder, pero eso no cambiará la realidad. Quizá la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no quieran saberlo, pero sus superiores, necesariamente más lúcidos, parecen, por fortuna, no ignorarlo.
