IS y la reforma laboral

No hace muchos días el doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza, José Antonio Labordeta, quien durante varias legislaturas fuera diputado en Cortes por su extraordinaria solidaridad con la tierra que le viera nacer, y a quien yo mismo empezara a valorar como cantautor, mediados ya los pasados setenta en casa de la profesora Pilar Garín, nos decía en una breve entrevista, que el PSOE siempre había sido un partido poco rojo, y que aún se hallaba muy desteñido, quizás por las muchas dudas ideológicas que tuviera a lo largo de los años, como le sucede con cuanto acaece ahora en nuestra piel de toro, la misma que un día nuestro admirado catedrático de Geografía e Historia atravesara con su ya célebre mochila, en la que a buen seguro, como en su cabeza también, le cupo entero todo este país nuestro. Ya sé que se me dirá por parte de algunos socialistas que, con su argumentario interno, precisamente, la reforma laboral que se avecina se hace para "preservar la red de derechos de los trabajadores, así como la posición de los agentes sociales en la negociación colectiva, aunque se introduzcan en esta los aludidos criterios de flexibilización. En segundo lugar, la de que ni los costes del despido, ni las modificaciones en materia de bonificaciones, pueden tener incidencia presupuestaria negativa alguna, ni tampoco, globalmente, en el sistema de cotizaciones sociales". Yo mismo discrepo abiertamente del cómo se plantean las diferentes medidas del Ejecutivo, como lo hacen también los diputados Juan Antonio Barrio de Penagos, Manuel de la Rocha y José Antonio Pérez Tapias, entre otros muchos compañeros más, miembros todos del PSOE,quienes a buen seguro ven que a estas alturas resulta impensable que un gobierno que se manifiesta como socialdemócrata pueda mantener un discurso y al mismo tiempo también su contrario, permitiendo que las empresas despidan a sus trabajadores con indemnizaciones tan exiguas como las que se proponen en el proyecto y además sin unas condiciones bien definidas; por tanto, abriéndose la puerta no sólo a la privatización de los servicios de empleo sino igualmente a la discrecionalidad más absoluta por parte del empresariado, lo que supondrá un perjuicio para el empleado, por resultarle en adelante muy difícil demostrar ante un juez que la empresa no posee razones suficientes para echarle a la calle. Hacen bien pues estos diputados nacionales de Izquierda Socialista en discrepar, y más como lo hacen de ZP y de quienes se alinean con las tesis mayoritarias, sobre todo, cuando además tienen en cuenta su lealtad hacia él en el Congreso, cuando en realidad supongo estarán pensando que la salida al problema habría que haberla hecho mirando algo más hacia la izquierda, es decir, apoyándose en IU y en los demás movimientos sociales, que sí dirigen su contemplación en estos cruciales momentos, y con mucho más tino que los socialistas, hacia las posiciones de los sindicatos de clase con respecto al empleo. No cabe duda de que se ha hecho un proyecto de decreto muy farragoso que a buen seguro no contentará a nadie, ni tan siquiera al empresariado, al haber apostado por unas líneas de trabajo que ya sabemos que a duras penas si funcionarán, aparcándose, por ejemplo, la negociación colectiva y habiéndose propiciado una definición mucho más laxa del despido por motivos económicos, lo que, por otra parte, no acabará con los actuales problemas que tiene el mercado de trabajo, ni tampoco parece que el empleo vaya a dejar de ser el principal instrumento de ajuste en el seno de nuestras empresas, ya que la reforma laboral apenas si disminuirá la temporalidad de los contratos. Al final estoy seguro de que no habrá más contrataciones indefinidas y que se continuará con los contratos temporales y la precariedad actualmente existente en el empleo o con el despido que tanto dificulta el cambio de modelo productivo. Y eso que en el proyecto se ha mejorado bastante el tema del arbitraje, que ya no será obligatorio en la negociación de los convenios. Ello permitirá, si bien de forma poco clara, que tan sólo se recurra a terceros cuando las partes, sindicatos y empresarios, decidan acudir al árbitro. "Si una de las partes no quiere acudir al árbitro, no habrá árbitro", tal y como recientemente elogiara el diputado Manuel de la Rocha. El problema lo veo en que el Ejecutivo parece que ya renunció a su discurso social, habiendo empezado a aplicar las medidas que bajo tutela y presión internacional el neoliberalismo le dicta. No es lógico que la izquierda, como ya ocurriera en la época de González, sea la que tenga que aplicar lo que en buena lógica debería haberle correspondido hacer a los partidos de derechas, sin que éstos asuman su natural coste político. Parece como si todos fueran iguales, al haber convertido algunos la socialdemocracia en un mero administrador del capitalismo más evolucionado.¿O es que ya no hay diferencias?