Después de meses de vacilaciones y de parches frente al agravamiento de la crisis, el Consejo de Ministros de ayer quizá sea el más decisorio del Gobierno de Zapatero desde que la economía española entró en la profunda recesión de la que parece que tardará aún en salir. El Gobierno aprobó un plan de austeridad cuyas decisiones más importantes son la reforma de las pensiones, con el retraso de la edad de jubilación como medida estrella, y el ahorro de 50.000 millones de euros en cuatro años, a la vista de que el déficit público alcanzó el 11,4% del PIB en el 2009, dos puntos por encima de la última previsión oficial. Los analistas coinciden en que se trata de una señal enviada a los mercados internacionales, ante las cada vez más frecuentes comparaciones de España con la peligrosa situación económica de Grecia.
Hay que saludar en primer lugar que el Gobierno se haya decidido a tomar medidas de calado, aunque sean impopulares. El retraso de la edad de jubilación, de los 65 a los 67 años de forma progresiva, está destinado a salvar el sistema de pensiones más allá del año 2030. De momento, solo la CEOE ha dado apoyo a la medida, rechazada por la izquierda y por los sindicatos. Pese a esto, no hay duda de que algo había que hacer para garantizar las pensiones y ahorrar en este capítulo. En espera de cómo se concreta todo, la vicepresidenta económica aseguró que no prevé hacer la reforma sin consenso. Es lo deseable. Pero el Gobierno debe gobernar, como parece que empezó a hacer ayer.
