Uno de los problemas a los que quiere hacer frente el nuevo equipo de gobierno del PP y Ciudadanos es la agilización de los expedientes de contratación de todo tipo que pasan por el área de Gestión del Ayuntamiento. Aunque las principales quejas se centran principalmente en el colapso de las licencias de la Gerencia de Urbanismo, que ya ha puesto en marcha un plan de choque, también se lleva produciendo desde hace tiempo demora en la tramitación de contratos, tanto de servicios como de obras, que se alargan durante meses. El responsable municipal del área de Gestión, Antonio Álvarez (Cs), tiene en mente ya algunas de las medidas que tomará para intentar revertir la situación. Para ello parte del análisis realizado en el mes y medio que lleva en esta delegación. Según los datos facilitados por Álvarez, hay un total de 138 expedientes activos, de los que medio centenar se han iniciado en lo que va de año, pero la mitad proceden del ejercicio pasado. El concejal explica que los expedientes que se arrastran del 2018 no es que estén «todos inacabados», sino que en ellos «existen en trámite actuaciones de reajuste, o bien de subsanaciones o, incluso, de prórrogas de adjudicaciones ya efectuadas».

Entre esos expedientes activos y en esa situación hay algunos, según explica Álvarez, que provienen «del 2017» e «incluso anteriores», como «es el caso del «instado por Turismo para las obras de restauración de la Torre de la Inquisición del Alcázar». Precisamente este proyecto llegará el lunes a la junta de gobierno local para la aprobación de la adjudicación definitiva. Aunque el expediente se inició antes, las obras no salieron a concurso hasta enero de este año. El proyecto es, junto al del convento Regina y del Templo Romano, uno de los pendientes de ejecutar dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades firmado por Ayuntamiento y Junta en el 2014. Desde mayo, momento en el que la junta de gobierno local acordó dejar fuera a dos empresas por baja temeraria, se sabe que Ingeniería de la Construcción Cordobesa será la firma que se encargará de la obra por 152.153 euros y en un plazo de dos meses y medio, pero faltaba la adjudicación definitiva.

Otro dato que aporta es que «una tercera parte» de los expedientes se encuentran en Intervención, «donde se produce una retención temporal motivada por el trabajo que requiere» su estudio. Hay que recordar que Intervención en alguno de sus informes ha dejado constancia de la sobrecarga de trabajo.

Entre las medidas que tomará el gobierno local está la de crear dos unidades específicas para la contratación de los proyectos de los fondos Edusi, de los que solo hay dos iniciados, que, para no perder las ayudas europeas, «deben estar acabados para el 2021 y la mayoría se ejecutarán en el 2020», y para los de las inversiones financieramente sostenibles, las que se sufragan con el superávit municipal, que también tienen fecha de caducidad.

Como punto de partida, la filosofía no será «priorizar» expedientes, sino «tramitarlos en tiempo y forma, y bien». Aunque tiene claro que «los plazos se pueden reducir contando con algo más de personal en algunas unidades», y su intención es aumentarlo, tiene en mente otras medidas como realizar «una reestructuración de funciones». Su propuesta es «redistribuir el trabajo, no mezclando, por ejemplo, un contrato de suministro con otro de responsabilidad patrimonial», donde ha detectado que se produce «un atasco importante y donde más personal hace falta». Álvarez ha observado que «hay un porcentaje muy alto de expedientes de responsabilidad patrimonial que se quedan sin resolución expresa y el ciudadano termina entendiendo desestimada su solicitud por silencio administrativo, lo que le da la posibilidad de irse al contencioso». Álvarez asegura que la mayoría de los expedientes de responsabilidad patrimonial son del año pasado y su idea es también «agilizarlos».