Carmen fue una de las dos mujeres que esta semana acudieron al Pleno para dar su testimonio como okupa, un testimonio que sirvió de argumento a PSOE, IU y Ganemos para votar en contra de la moción de Ciudadanos, que pedía medidas contra la ocupación que ejercen mafias organizadas. «Mi pareja tenía un piso con una hipoteca, pero subió a 800 euros y nos echaron», explica Carmen, «nos fuimos a vivir a casa de los padres de él, pero yo tengo cuatro hijos y, cuando la madre falleció, ya no nos podíamos quedar allí». Ella, según relata, no tenía opciones familiares alternativas donde quedarse. En este trance, un día entraron «a robar las ventanas» en el piso de al lado del padre de su pareja. «Llamamos a la Policía porque la puerta estaba abierta», asegura. «El piso llevaba como diez años vacío, así que decidimos meternos antes de que se metiera nadie dentro». El piso era propiedad del Banco Popular, con quien Carmen llegó a un acuerdo después para pagar un alquiler social de 100 euros. «Ahora lo han vendido a un fondo buitre, así que no sé qué va a pasar cuando cumplan los tres años que nos dieron».

Según explica Carmen, ellos no han tenido problemas con la comunidad porque la gente los conoce. «Nosotros pagamos luz, agua y comunidad, estamos al corriente en todo», comenta. De momento, sus ingresos proceden de «las chapuzas» de la pareja de ella, que es pintor. «Cuando no trabajo, tengo la ayuda social y así vamos tirando», explica. «Es complicado porque tengo cuatro niños de siete, nueve, once y trece años». Ella entiende que ocupar una vivienda es ilegal y, aunque no sabe si habría sido capaz de dar la patada a la puerta, una vez instalada, insiste en que «ese piso llevaba años vacío y lo que sí tengo claro es que mis hijos no pueden estar durmiendo en la calle porque no hay pisos ni en la Junta ni Vimcorsa». Desde que entraron, han arreglado lo que han podido. «Estaba destrozado, aún no hay ventanas en la cocina, hemos puesto puertas, el water, hemos pintado...»