La Junta de Andalucía, a través de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, confirmó ayer en el Parlamento andaluz que están garantizados los trabajos de identificación de víctimas de la guerra y del franquismo que se han iniciado en el cementerio de la Salud y deben continuar en el de San Rafael. La consejera contestó afirmativamente a una pregunta planteada por la parlamentaria de Adelante Andalucía por Córdoba Ana Naranjo, sobre las exhumaciones iniciadas en la capital, al asegurar que los trabajos «se van a continuar» y que la Administración andaluza continuará con ellos «en el marco que establece la ley».

Naranjo exigió a la consejera que asegure la pervivencia del convenio que mantiene la Junta con el Ayuntamiento que, con una vigencia de cuatro años, «no tiene garantizada ni la viabilidad ni su financiación». «Que sea coherente, mantenga el convenio y facilite que continúen los trabajos para que los familiares tengan satisfechas esas demandas de verdad, justicia y reparación», añadió Naranjo, quien en declaraciones a este periódico señaló que desde Adelante Andalucía estarán «muy atentos» a que se cumpla la palabra dada por hoy por la consejera del PP y que se avance en la financiación del convenio que suscribieron el Ayuntamiento y la Junta en 2018. «La financiación prevista solo daba para los trabajos previos, por lo que había mucha incertidumbre. La respuesta de la consejera da luz verde a esa viabilidad, ya que se ha comprometido a la financiación contemplada por la ley». Precisamente, Naranjo recuerda que la prórroga de los presupuestos hace que los trabajos vinculados con la memoria estén dotados de 1,7 millones de euros en 2019.

La pregunta de Adelante Andalucía no fue la única que se hizo ayer en esta materia, ya que el parlamentario socialista Javier Fernández interpeló también a la consejera de Cultura alertando de que el cumplimiento de la norma «no está asegurado» por culpa de «los acuerdos a los que llega el PP-A», en alusión al pacto de investidura entre los populares y Vox. En ese contexto, Patricia del Pozo acusó ayer al PSOE-A de utilizar la memoria democrática como un «mantra electoral», toda vez que los socialistas reprocharon a la titular de Cultura que «cree incertidumbre» al afirmar que cumplirá con la ley «añadiendo la coletilla de que así lo hará mientras sea esta la ley».

En la actual legislatura, las cuestiones de memoria han pasado de la cartera de Presidencia a la de Cultura, y de dar contenido a una dirección general a serlo solo de una comisión, presidida por Vox. La ley de memoria andaluza, vigente desde marzo del 2017, se aprobó por mayoría y sin ningún voto en contra. PP, Cs y Vox han expresado su deseo de modificar la norma e impulsar una nueva «de concordia». En su última visita a Córdoba, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, dijo que el Gobierno andaluz va a cumplir la ley, «pero con concordia para que todo el mundo esté representado».