La Asociación de Barrios Ignorados de Córdoba, que engloba a las zonas de Moreras, Palmeras, Sector Sur y barrio del Guadalquivir, donde el paro afecta al 70% de la población y los niveles de renta están entre los más bajos de España, se concentró ayer para quejarse por la «carrera de obstáculos» que plantea el procedimiento previsto por la Junta de Andalucía para acceder a la Renta Mínima de Inserción, que además consideran insuficiente para salir de la pobreza. Se quejan de que para cobrar esta ayuda «anunciada a bombo y platillo», que oscila entre 419 y hasta 779 euros mensuales en función de cuántas personas conformen la unidad familiar, y que en teoría fue diseñada para ayudar a los hogares más vulnerables, es necesario demostrar la pobreza con todo tipo de documentos que los propios interesados deben conseguir peregrinando entre distintas administraciones.

Según Eugenio Rosa, uno de los portavoces, esto ha dado lugar a situaciones muy complicadas, «ya que la tramitación se está prolongando durante ocho y diez meses, lo que obliga a muchas familias a endeudarse mientras reciben el dinero». La ayuda se cobra con carácter retroactivo, pese a lo cual, «el tiempo de espera es insoportable para muchos hogares que están en situación muy precaria». Lamenta además que los requisitos obliguen a los solicitantes a elegir entre el trabajo precario y la ayuda, ya que se exige la aceptación de cualquier oferta de trabajo «aunque sea de dos o tres días de contrato, momento en el cual se suspende la ayuda».

La asociación se queja del mismo modo de que la falta de información de los tramitadores genera problemas en los solicitantes. «Tenemos un caso de una familia que percibía la ayuda familiar del Estado, de 430 euros, con la que al parecer solo se puede tener acceso a otra ayuda hasta un máximo de 530 euros», explica Eugenio Rosa, «cuando solicitó la renta mínima la Junta se la concedió entera y con ocho meses de retraso, pero ahora el INEM le ha retirado la ayuda familiar y le reclama que devuelva la ayuda que cobró durante esos ocho meses, 3.000 euros en total». Todo ello, subrayan, «fruto de la desinformación de los tramitadores».

En otros casos, se solicitan en más de una ocasión documentos ya presentados porque tienen validez durante tres meses y se les caducan o se generan conflictos porque solo se admite una solicitud por domicilio, «cuando hay casos en los que por falta de vivienda conviven varios matrimonios bajo el mismo techo», señalan, «a efectos oficiales, no perciben más porque son mayores de edad, pero están a su cargo y solo el firmante tiene el compromiso del itinerario laboral». Por último, plantean que si no hay refuerzo en la formación con cursos específicos, «los itinerarios laborales no servirán de nada en estos barrios».