Abren la puerta y al otro lado, una carta comunica a una familia que el día tal a la hora tal se hará efectivo el desahucio de la vivienda que ocupa y que tiene equis días para abandonarla. Esta escena se repite cada día en algún punto de la provincia aunque no siempre el lanzamiento sea efectivo. Según los datos hechos públicos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el año pasado se registraron 591 lanzamientos hipotecarios en la provincia, una media de 1,6 al día, lo que supone un descenso de casi el 31% respecto al año anterior cuando se contabilizaron 789, una media de 2,1 al día. El total de ejecuciones hipotecarias que se tramitan en Córdoba (499) lleva tres años bajando y se acerca al número de procedimientos que se registraban antes de la crisis (en el 2007 hubo 284 mientras el tope máximo se alcanzó en el 2013, con 1.262).

La cifra, que alcanzó su nivel máximo hace dos años, sigue descendiendo, aunque aún son muchas las familias que se enfrentan al trance de negociar con los bancos una solución alternativa para no tener que dejar atrás sus vidas por no poder pagar la hipoteca. Y es que la falta de recursos económicos supone una condena a largo plazo para quienes se enfrentan a esta situación, muchos de los cuales no piden ayuda o lo hacen cuando las opciones para resolver la situación son limitadas. A partir de ahí, salvo que encuentren un empleo digno por el camino, empiezan un periplo de alquiler que, en muchos casos, deriva en una sucesión de desalojos. No es de extrañar que el número de desahucios de alquiler aumente al ritmo que descienden las ejecuciones hipotecarias, ya que el problema se está trasladando de un ámbito a otro, según las entidades que trabajan con estas familias. Aunque en la provincia ascendieron los desahucios por alquiler hasta el tercer trimestre, a cierre del año, el número cayó un 20,6% respecto al 2016, tras registrarse 262 desalojos de viviendas alquiladas (el año anterior hubo 330). La cifra, aunque abultada, contrasta con la de otras ciudades más pequeñas como Jaén, con 1.465 desahucios de este tipo, o Almería, con 492. En términos absolutos, únicamente Huelva contabiliza un número más reducido, 192.

Cabe recordar que solo en la ciudad de Córdoba, según un estudio hecho público en diciembre por el Ayuntamiento de Córdoba a partir de un estudio realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos APDH, unas 6.000 familias habrían perdido su vivienda desde que empezó la crisis y que hay casi 5.000 personas en lista de espera para conseguir una vivienda social en Córdoba, el 74% de ellos, demandantes de larga duración. Eso mientras, según la misma fuente, 17.000 viviendas siguen vacías. Del total de lanzamientos previstos el año pasado, más de 800 entre ejecuciones hipotecarias y alquileres, se realizaron con cumplimiento positivo 501, lo que supone un descenso de casi el 11% respecto al año anterior, en el que se produjo un incremento del 17,3% respecto al 2015, rompiéndose así la tendencia iniciada unos años antes.

Mientras esto ocurre, el Ayuntamiento de Córdoba, que se considera artífice de parte de ese descenso generalizado de desahucios que se da en la ciudad, mantiene abierta la Oficina Municipal de la Vivienda, que el año pasado atendió a 1.500 personas de los cuales mantiene más de 200 expedientes abiertos. Asimismo, y pese al importante número de familias atendidas, el Ayuntamiento logró paralizar un total de 72 desahucios (no se sabe si porque no recibieron más casos o porque no fue posible negociar otras alternativas para el resto de familias) a los que hay que sumar 18 más que se pudieron impedir a lo largo del mes de enero.

Las estadísticas sobre el efecto de la crisis, publicadas ayer, revelan otro dato relacionado. En el 2017 se presentaron en los juzgados de Córdoba 1.166 despidos, cifra ligeramente superior a la del 2016, lo que indica que la sangría en el empleo sigue también vigente.