Tanto Pedro García (IU) como Emilio Aumente (PSOE) calificaron la reunión como «positiva». Con ella, los dos grupos municipales que conforman el equipo de gobierno del Ayuntamiento, PSOE e IU, buscan una solución de «consenso» para las parcelaciones y que no sigan siendo objeto de «pugna política», tal y como indica Emilio Aumente. El teniente alcalde de Presidencia asegura que con los procesos de legalización actuales se ha visto que «es imposible» llegar a la dotación de servicios por la cantidad de propietarios de suelo que hay y de parcelas edificadas. No obstante, deja claro que la propuesta llevada al Parlamento se centra solo en suelo urbano y urbanizable, que es donde se puede «aligerar el proceso», y que las propuestas para suelos no urbanizables y de especial protección se verán en otro momento.

El parlamentario Miguel Ángel Torrico (PP) asegura que el Ayuntamiento de Córdoba «a quien tiene que convencer es al Gobierno de la Junta y al grupo del PSOE, que impidió que se adoptara la solución que aportó el PP» en noviembre del 2016, «ya que la reforma de la LOUA era insuficiente para atender los problemas de Córdoba». Torrico recuerda que su grupo presentó en el Parlamento una proposición no de ley para que se dotase de agua, saneamiento y electricidad a edificaciones en suelo no urbanizable o urbano no consolidado, que fue rechazada por PSOE, Podemos, Ciudadanos e IU, por lo que lamenta que «se ha perdido un año».

La parlamentaria Isabel Albás (Ciudadanos) explica que «hemos acordado intentar llegar a un consenso entre todos los grupos para hacer modificaciones de la ley, pero hay que verlas con profundidad, ya que nos encontramos con la disparidad de que en una casa hay agua y luz y en la de al lado, no».