Una de la preguntas más reiteradas a cualquier candidato en periodo electoral es cuál sería la primera decisión que tomaría si resultara elegido. Pedro Sánchez no podía saberlo cuando presentó la moción de censura pero una de sus primeras decisiones importantes acabó sacudiendo a Europa, al acoger al Aquarius, un barco cargado de inmigrantes en situación límite que había sido rechazado en los puertos italianos. Un año después, no puede descartarse que se haya arrepentido. Creó unas expectativas de cambio de rumbo en la política de inmigración que no ha podido o querido cumplir, aunque en algunas materias como la acogida de los recién llegados y a los solicitantes de asilo se haya avanzado.
El control de fronteras se ha intensificado. En este terreno, el más visible, el pretendido giro respecto al Gobierno anterior acabó convertido en un simple gesto sin continuidad. Al contrario. El ministerio de Fomento retuvo meses después sin salir de puerto a otros dos buques de oenegés (Open Arms y Aita Mare) para no verse obligado a acoger los inmigrantes que rescataran. Su titular, José Luis Ábalos, interpelado en el Parlamento, reconoció que la acogida del Aquarius sólo había sido «una llamada de atención a Europa» para que se movilizara ante el drama humano que suponían la insolidaridad del Ejecutivo italiano.
El discurso antiinmigración / El gesto tuvo efectos limitados. Varios países se repartieron la acogida de nuevos barcos pero sólo durante unos meses. También se habló de un sistema de asilo común, reformando el Convenio de Dublín, pero nada se ha hecho, como recuerda Paloma Favieres, de la Comisión España de Ayuda al Refugiado (CEAR).
El discurso antiinmigración gana enteros en Europa cada día que pasa sin que España haya podido hacerle frente. En la misma comparecencia, Ábalos reconoció que España no puede hacerse cargo del salvamento de los náufragos de todo el Mediterráneo. Ya se encarga directamente, «con gran eficacia» y sin necesidad de que actúe ninguna oenegé, de los que se acercan a las costas españolas, los que les corresponden.
El año pasado casi se duplicó la llegada de pateras, con más de 57.000 personas. El PP, recién desalojado del Gobierno, aprovechó para vincular estas llegadas masivas, especialmente intensas en verano, a un supuesto efecto llamada provocado por el Aquarius. Fue el momento en que Sánchez dio el paso atrás, ante el temor de que su giro le supusiera un desgaste electoral, aunque el aumento fuera debido al cierre de las fronteras del Mediterráneo Central y Oriental y no a ninguna ‘llamada’. La UE logró que Libia y Turquía ejercieran de gendarmes e impidieran las salidas, tras destinarles cuantiosos fondos.
El Gobierno también había prometido suprimir las denominadas devoluciones en caliente así como las cortantes concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, pero ni lo uno ni lo otro se ha llevado cabo. La idea de retirar las concertinas se mantiene, pero condicionada a elevar la altura de las vallas y hacerlas más infranqueables.
El blindaje de fronteras se ha potenciado en casos como las devoluciones exprés de subsaharianos que saltan la valla de Ceuta rescatando un antiguo acuerdo con Marruecos que nunca se había utilizado. Y la presión de España ante la UE ha logrado desbloquear fondos destinados al país magrebí, tras lo cual este se mostrado mucho más activo en la lucha contra la inmigración irregular. La llegada de pateras se ha reducido algo en lo que va de año (un 6%) y este verano «no parece que vaya a haber un repunte», según José Javier Sánchez, responsable de emigraciones de Cruz Roja.
Blindaje de fronteras /Aún así, las oenegés se muestran muy críticas con la política de blindar las fronteras y «externalizar» el problema, ofreciendo dinero a otros países. Según Sergio Barciela, responsable de inmigración de Cáritas, esto ha provocado que «más sufrimiento y muertes» en el Mediterráneo y un «mayor enriquecimiento de las mafias».
Por el contrario, la acogida a los recién llegados es el aspecto que más ha mejorado. Las imágenes de pabellones polideportivos atestados de los viajantes en patera se han mitigado. El número de plazas ha pasado de 630 a 3.000 desde la moción de censura, según datos de Cruz Roja. Y las plazas para peticionarios de asilo también se han incrementado (de 195 a 2.600 desde el 2015).
La atención posterior que reciben los inmigrantes ya es más problemática, especialmente la de los menores no acompañados (menas). Son responsabilidad de las comunidades autónomas. El Gobierno destinó un presupuesto extraordinario pero no ha sido suficiente. El problema de fondo se mantiene. La atención es insuficiente y muchos de los niños acaban en la pequeña delincuencia. La falta medios sigue atascando la resolución de los expedientes de asilo, con esperas de entre seis meses y un año y más de 70.000 pendientes. Además, las denegaciones superan el 60%. El Defensor del Pueblo lo acaba de denunciar junto al colapso en las concesiones de nacionalidad.
