El incendio en el cementerio ilegal de neumáticos de Seseña (Toledo), del que hoy hará dos años, no fue una catástrofe ambiental sin más, sino que despertó las conciencias y alentó la necesidad de algunos cambios que han llevado a una mayor inspección y a una mejor gestión de residuos en Castilla-La Mancha.
El 13 de mayo de 2016 comenzó el incendio en el considerado mayor vertedero de neumáticos de Europa, que afectó a las provincias de Toledo y Madrid y obligó a evacuar a 1.000 personas de la famosa urbanización construida por Francisco Hernando El Pocero en Seseña. El episodio fue un punto de inflexión para las administraciones implicadas en las políticas medioambientales.
«A partir del incendio se fue un poco más consciente del peligro medioambiental o de salud pública que podía constituir un incendio de un gran acúmulo», reconoce el viceconsejero de Medio Ambiente castellanomanchego, Agapito Portillo.
En la actualidad, lo que fue el cementerio ilegal es ahora una zona limpia vallada tras el análisis de suelos que se realizó para comprobar que no estaban contaminados, aunque sí albergaban restos de hidrocarburos como consecuencia de la quema de los neumáticos que pueden haberse ya degradado y descompuesto.
Los terrenos son de titularidad privada, pero las empresas hasta el momento no han reclamado el acceso a la propiedad. Si lo hacen, la administración autonómica decidirá si se les ceden «tal cual» o si se les repercuten gastos que han permitido que estén en un estado de limpieza «adecuado», precisa el consejero.
Ya antes del incendio el depósito de neumáticos usados era un problema, al igual que otros más pequeños que existen en Castilla-La Mancha, porque, tal y como señala el viceconsejero, «no había un sistema de gestión establecido».
Medio año después del siniestro, el Ejecutivo regional aprobó un Plan Integral de Gestión de Residuos, en el que se incluye la gestión de los neumáticos con la finalidad de que la mayor parte se pueda reutilizar como subproducto de otras nuevas actividades.
Pero, sobre todo, destaca que, a raíz del incendio, fueron autorizadas 12 plazas de inspectores en Castilla-La Mancha para control de los residuos, a lo que se suma la colaboración de los agentes medioambientales y, de manera puntual, del Seprona de la Guardia Civil.
En el plano judicial, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Valdemoro, que fue donde se inició el incendio, no ha practicado diligencia alguna desde que se tomó declaración hace ya un año al único investigado por este hecho.
