Al menos una veintena de familias españolas permanecían atrapadas ayer en Ucrania con sus bebés nacidos en este país por gestación subrogada (práctica ilegal en España) por la negativa de las autoridades consulares de España a tramitar la inscripción en el registro civil de los recién nacidos Según el presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, esta negativa del Consulado de España en Kiev podría llegar a afectar a «cientos» de familias que se encuentran en estos momentos inmersas en un proceso de estas características. Hasta hace algo más de un mes, las familias españolas que acudían a Ucrania para tener hijos mediante un vientre de alquiler solo debían demostrar la filiación del padre, que es el que aporta la carga genética, para obtener el pasaporte español provisional y poder registrar al niño como hijo de una relación extramatrimonial ante el Gobierno español. Después, la madre realizaba un proceso de coadopción en España.
Sin embargo, este proceso se ha visto interrumpido para una veintena de familias debido a que el consulado «ha cambiado las reglas de juego a mitad de partida», ha afirmado Jornet. El consulado niega desde el pasado 5 de julio la inscripción de los bebés alegando que la nueva ley de protección de datos de la Unión Europea (UE) impide la prueba de ADN a los niños para demostrar la filiación paterna, con lo que se impide la inscripción en el registro. Andrés y Silvia (nombres ficticios) llegaron a Kiev a principios del pasado mes de julio, cuando nació su bebé, y aunque la agencia intermediaria que se encargó de gestionar el contrato con la madre biológica del pequeño les avisó de la decisión del consulado español, creyeron que sería algo temporal. «Sonaba a algo temporal, pero ya han pasado casi dos meses desde que dejaron de hacer las pruebas de ADN», explicó a Efe Andrés.
Las autoridades españolas argumentan que el ADN es un material sensible que no puede ser tomado de acuerdo a la nueva normativa europea. «Es una excusa que han puesto para dejar de hacer las tramitaciones por motivos políticos e ideológicos», insisten los afectados.
