Confirmada la tragedia y a la espera de que la investigación aclare las causas del aparente homicidio que acabó con la vida de los dos hermanos que fueron hallados muertos en Godella (Valencia) en la tarde del jueves, el día después del macabro suceso, con ambos padres detenidos, ha servido para empezar a aclarar las circunstancias que rodeaban la vida de la familia. Respecto a sus últimos días, se ha sabido que la abuela materna comunicó en dos ocasiones a las autoridades su preocupación por el niño de tres años y el bebé de cinco meses esta misma semana.

Así lo expuso, en una comparecencia sin preguntas, Eva Sanchis, alcaldesa de Godella por Compromís, que explicó que el lunes, tras la llamada «de un familiar», una patrulla de la Policía Local de este pueblo y otra del vecina Rocafort se desplazaron a la caseta donde vivían y comprobaron «que se trata de un conflicto relacional con miembros de la familia extensa» y que «tanto los progenitores como los menores se encuentran en buenas condiciones». Dos días después, los responsables del Teléfono del Menor se pusieron en contacto con los servicios sociales de Godella para trasladarles más información que les había hecho llegar ese familiar y desde este departamento del consistorio se asumió la necesidad de establecer una coordinación «con el centro escolar San Sebastián de Rocafort donde asiste el hijo mayor, el Centro de Salud de Godella y la Policía Local de Godella, además de contactar telefónicamente con la familia extensa para ampliar la información y continuar con la intervención».

La familia no estaba empadronada en Godella, donde está la caseta, aunque había abierto un procedimiento para pasar a estarlo. El niño estaba escolarizado en Rocafort por lo que es posible que estuvieran empadronados allí. El Ayuntamiento de esta última localidad confirmó que no existe ningún expediente abierto a la familia ni eran beneficiarios de ayudas municipales. El año pasado la madre trabajó durante tres meses como auxiliar de limpieza, a través de la bolsa de trabajo municipal y hace años cumplió en su biblioteca una pena de trabajos en beneficio de la comunidad, mientras que el padre estuvo trabajando en un restaurante de este municipio.

La relación de María G. con la justicia viene de lejos. Al menos, de 2011, cuando fue detenida junto a otras cuatro personas en una protesta de los llamados indignados del 15M frente a Les Corts el día en que se constituían tras la victoria con mayoría absoluta de Francisco Camps. En un primer momento, todos fueron condenados por una supuesta agresión a varios policías nacionales en el juzgado de lo penal de Valencia pero en septiembre de 2016 fueron absueltos por la Audiencia Provincial al no considerar probados los hechos.

Del belga Gabriel S., su pareja y el padre de los hijos, no constan antecedentes pero sí que recientemente fue despedido del local de hostelería en el que trabajaba y que era aficionado a tocar la guitarra. La caseta en la que residían estaba en malas condiciones, al parecer no tenía agua corriente ni luz, y presentaba un aspecto muy desordenado además de una premonitoria pintada que dice vais a moror todiz. Algunos de sus allegados han contado que en los últimos tiempos ambos hablaban habitualmente de fenómenos paranormales.

Durante las 12 horas de búsqueda activa de sus hijos, ambos protagonizaron interrogatorios llenos de desvaríos e incoherencias y serán sometidos también a examenes mentales y a controles de drogas ante las sospechas que generaron en los agentes. Fue la propia mujer la que adelantó a los agentes las muertes al insistir en que debían «resucitar» cuando le preguntaban por ellos y la que, finalmente, condujo a los agentes de la Guardia Civil a las fosas donde se encontraban los cadáveres. La madre pasó a estar detenida desde ese momento y el padre, que en principio constaba como investigado, adquirió esa misma condición durante la noche. Tras acabar el alzamiento de los cuerpos acabó cerca de la medianoche del miércoles, el titular del juzgado Primera Instancia e Instrucción 4 de Paterna dio la orden de que fueran trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia para realizarles la autopsia y confirmar si los golpes que al parecer presentaban fueron los causantes de sus muertes.

De manera paralela, los agentes continuaron la investigación en la caseta y en la parcela donde vivían. Provisionalmente, el juez ha incoado un sumario por dos delitos de homicidio y lo ha declarado secreto y se espera que sean llevados a declarar hoy sábado. La mujer fue trasladada ayer a un centro sanitario para evaluar si está en condiciones mentales para declarar.